Alberto Larraín, exlíder de la fundación ProCultura —en el centro de una investigación por presunto desvío de fondos públicos—, emitió un comunicado público para responder a las acusaciones que vinculan a su organización con financiamiento ilegal a campañas políticas, incluyendo la del presidente Gabriel Boric. En un tono categórico, Larraín negó cualquier transgresión: “Nunca se generó financiamiento desde la Fundación ProCultura a la campaña presidencial de Gabriel Boric, ni a ninguna otra campaña política”.
Además, defendió la neutralidad de la ONG: “No tenía adherencia política; al contrario, trabajábamos con distintas sensibilidades en zonas vulnerables”. Este punto busca desmontar la narrativa de un supuesto sesgo partidista, clave en las acusaciones que relacionan a ProCultura con figuras del actual gobierno.
Proyectos bajo la lupa: ¿Responsabilidad compartida con administraciones anteriores?
Larraín apuntó directamente al Estado y a gobiernos pasados para contextualizar los proyectos investigados. Mencionó iniciativas como las del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el proyecto de recuperación de fachadas en Antofagasta, destacando que fueron impulsados bajo el mandato de Sebastián Piñera: “Fue el propio Estado o los Gobiernos Regionales los que acudieron a la Fundación para hacer de ejecutor”. Con esto, el exlíder de ProCultura busca diluir la responsabilidad exclusiva de su organización, situando al Estado como promotor central de los convenios ahora cuestionados.
Quiebra y sacrificios: la otra cara del relato
Frente a las sospechas de enriquecimiento ilícito, Larraín insistió en que “no me he enriquecido con este proceso”. Por el contrario, detalló que la cancelación abrupta de convenios por parte del Estado llevó a la quiebra de ProCultura: “Muchos de nosotros suspendimos nuestras remuneraciones para proteger a los trabajadores”. Este argumento apela a una imagen de sacrificio institucional, contrastando con la visión de una fundación aprovechándose del sistema.
La sombra de Boric y el principio de inocencia
El comunicado llega en un momento crítico: filtraciones de conversaciones interceptadas entre Larraín y el presidente Boric han reavivado especulaciones sobre su relación. Sin mencionar directamente al mandatario, el exlíder de ProCultura hizo un llamado a “opiniones más informadas, menos descontextualizadas” y recordó el “principio de inocencia”, en aparente crítica a la cobertura mediática y política del caso.
Análisis final: ¿Estrategia defensiva o batalla política?
Larraín construye su defensa sobre tres pilares:
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Negación absoluta de vínculos financieros con campañas.
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Desplazamiento de responsabilidad hacia administraciones anteriores y el Estado.
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Victimización institucional, enfatizando quiebra y sacrificios económicos.
Sin embargo, quedan preguntas clave: si los proyectos bajo Piñera fueron legítimos, ¿por qué están bajo investigación ahora? ¿Cómo explica ProCultura las irregularidades específicas señaladas por la Fiscalía? Mientras el caso judicial avanza, el comunicado de Larraín parece buscar oxígeno mediático, pero la presión sobre el gobierno de Boric —y la posible politización del proceso— mantendrán el foco en este escándalo que mezcla corrupción, lealtades políticas y disputas narrativas.
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