El Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó este lunes arresto domiciliario para la diputada Catalina Pérez (ex RD), rechazando la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público. La jueza Claudia Campusano fundamentó su fallo en los chats de la parlamentaria, que revelan una «actitud cuestionable» para «ocultar» el domicilio falso de la fundación Democracia Viva y «falsear información». Según la magistrada, los mensajes evidencian «intención de ocultar actitudes pretéritas», contradiciendo la narrativa de desconocimiento esgrimida por Pérez desde que estalló el caso en junio de 2023.
2. Antecedentes clave: Desafuero y ratificación de la Corte Suprema
La decisión judicial se suma al desafuero aprobado en febrero por el mismo tribunal, que argumentó «indicios plausibles» de su participación en tres delitos de fraude al fisco. El 7 de abril, la Corte Suprema ratificó por unanimidad esta medida, consolidando el escenario legal adverso para Pérez.
**3. El convenio de 426millonesylosmensajesquelacomprometen∗∗Elcasogiraentornoalconveniode426 millones firmado en 2023 entre Democracia Viva —dirigida por Daniel Andrade, entonces pareja de Pérez— y el exseremi Carlos Contreras (RD), exjefe de gabinete de la diputada. Ambos fueron formalizados en diciembre de 2023 por fraude al fisco, tras detectarse irregularidades como la falta de expertise de la fundación, pagos segmentados para evadir la Contraloría y ausencia de licitaciones.
Los chats obtenidos por la fiscalía tras la «entrega voluntaria» del celular de Pérez —realizada 14 meses después del escándalo— desmienten su defensa. En uno, la diputada ironiza sobre montar un «domicilio falso» para la fundación: «Es más importante llevar papeles para que parezca un lugar de trabajo […] Sale una persona y dice ‘nooo jamás lo he escuchado, y cagamos’».
4. Redes políticas: De RD a Miguel Crispi
Los mensajes también involucran al exjefe del Segundo Piso de Gabriel Boric, Miguel Crispi. Según su abogado, Guillermo Chahuán, Pérez y Crispi se reunieron en Cerro Castillo el 14 de junio de 2023 para redactar el comunicado inicial de la diputada. Aunque no hay cargos contra Crispi, el vínculo expone la interconexión entre el caso y figuras clave del oficialismo.
5. Trayectoria política: De las JJ.CC. al Congreso
Nacida en Suecia en 1990 e hija de exiliados, Pérez emergió como dirigente estudiantil en Antofagasta, militando en las JJ.CC. hasta los 20 años. Su salto a la política nacional llegó en 2019 con RD, donde derrotó a Javiera Parada gracias al respaldo de Giorgio Jackson y la incorporación de la Unión Nacional Estudiantil (UNE), grupo ligado a Andrade.
Paradójicamente, Pérez construyó su imagen pública como voz anticorrupción y crítica a la «vieja política», incluso apoyando el Acuerdo por la Paz Social de 2019. Sin embargo, su declaración en 2021 tras la muerte de un malabarista en Panguipulli —»¿Cómo quieren que no lo quememos todo?»— ya había generado controversia, al vincularse con apología a la violencia.
Análisis: La brecha entre discurso y práctica
El caso Democracia Viva no solo cuestiona la conducta individual de Pérez, sino que tensiona la narrativa de «ética pública» de RD. La estrategia de la defensa —entregar el celular para proyectar transparencia— resultó contraproducente al validar los cargos. Además, la cronología del caso (retraso en entregar el dispositivo, mensajes no eliminados) sugiere errores tácticos que profundizaron su crisis.
La implicación de actores cercanos al gobierno (Contreras, Crispi) agrega una capa de complejidad política, mientras la trayectoria de Pérez —desde el exilio familiar hasta su rol en el estallido— contrasta con los delitos que se le imputan. La jueza Campusano sintetizó esta contradicción: los chats muestran a una figura dispuesta a «ocultar» y «falsear», justo lo que su discurso prometía erradicar.
Conclusión: Un caso testigo
Más que un escándalo aislado, el arresto domiciliario de Pérez refleja los desafíos de coherencia en una generación política que ascendió criticando las prácticas que hoy se le imputan. Con el proceso judicial en marcha, el caso podría redefinir no solo su futuro, sino el de las promesas de renovación ética en la política chilena.
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