El 15 de marzo de 2024, una llamada telefónica del psiquiatra Alberto Larraín, cofundador de la fundación ProCultura —investigada por presunta corrupción en el uso de fondos públicos—, se convirtió en un eje central del caso. Según el informe de la PDI al que accedió La Tercera, la conversación, interceptada por la Brigada Anticorrupción (Briac) bajo autorización del Juzgado de Garantía de Chillán, expuso no solo la percepción de los implicados sobre su riesgo legal, sino también una hipótesis política: la posible instrumentalización del proceso para afectar la Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric en junio de 2024.
Capas de responsabilidad y estrategias defensivas
En el diálogo, Larraín y su interlocutor —identificado por la PDI como Allan Mix, presidente del directorio de ProCultura y médico urgenciólogo— delinearon una estructura jerárquica de responsabilidades. Mix aludió a tres niveles: María Constanza Gómez («Coni»), representante legal (primera capa), Larraín (segunda capa) y el directorio (tercera capa). Larraín cuantificó su riesgo: un 60% de probabilidad de ser formalizado por delitos como «fraude al Fisco», mientras aseguraba que el directorio estaría a salvo.
La estrategia de Larraín, según la interceptación, incluía preparar a sus pacientes para un eventual encarcelamiento y vender su departamento para financiar la fianza de Gómez. Este punto, analizado a la luz de la investigación del Ministerio Público en Ñuble, refleja no solo la gravedad de los cargos, sino también la desconfianza en el sistema: «Los weones pueden formalizar por lo que… por weón», ironizó el psiquiatra, cuestionando el rigor de la Fiscalía.
La hipótesis política: ¿timing para dañar a Boric?
El fragmento más analítico de la conversación surgió cuando Larraín citó a su exabogada, Susana Borzutzky: según ella, la Fiscalía —entonces liderada por el suspendido fiscal Carlos Palma— buscaría acelerar la formalización de imputados «antes de la Cuenta Pública de Gabriel (Boric)» para perjudicar el mensaje presidencial. Mix, sin embargo, relativizó el escenario al mencionar el ritmo lento de la investigación.
Este cruce de perspectivas revela un trasfondo de tensión entre tiempos judiciales y ciclos políticos. La mención explícita a Boric —cuyo gobierno no ha sido vinculado directamente al caso— sugiere, según el relato de Larraín, una lectura de que la investigación podría ser politizada.
Paradoja temporal y vigencia del caso
Catorce meses después de la interceptación, la presunta coincidencia entre fechas clave del proceso y la Cuenta Pública de 2024 agrega un giro irónico. Si en marzo de 2024 Larraín especulaba sobre un «timing político», hoy el caso ProCultura sigue activo, con preguntas abiertas sobre si su desarrollo judicial se entrelazará con la coyuntura política actual.
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