El caso ProCultura ha reavivado tensiones políticas en Chile, tras la conclusión de la Fiscalía de Coquimbo —encabezada por el fiscal Patricio Cooper— de que dineros de la fundación habrían financiado irregularmente la campaña del presidente Gabriel Boric. Mientras la oposición exige explicaciones y responsabilidades, el oficialismo insiste en la «honestidad» del mandatario, defiende la independencia judicial y cuestiona el accionar del Ministerio Público.
1. La Tesis de la Fiscalía y la Reacción de la Oposición
La investigación señala que recursos de ProCultura «derivaron en financiamiento irregular de la campaña del actual Presidente», basándose en la «estrecha relación» entre Boric y Alberto Larraín, fundador de la ONG. La oposición, liderada por figuras como José Antonio Kast (Republicano), calificó la situación de «grave» e incluso pidió el retorno inmediato de Boric de su gira asiática. Kast argumentó que el hecho exige «transparencia absoluta».
2. El Blindaje Oficialista: Confianza en Boric y Críticas a la Fiscalía
Carolina Tohá (Socialismo Democrático) enfatizó que, aunque es «natural» que la ciudadanía exija respuestas, «lo responsable es dejar que la justicia investigue con independencia, sin presiones ni especulaciones de actores políticos». En la misma línea, Jeannette Jara (PC) defendió la «honestidad y transparencia» de Boric, acusando a la derecha de «tergiversar información para dañar al Gobierno».
El senador Fidel Espinoza (PS) agregó: «Yo le creo al Presidente. No está involucrado en financiamiento ilegal, pero esto debe resolverse en tribunales». Destacó, sin embargo, que Alberto Larraín —vinculado a Boric— es «un desvergonzado que debe devolver cada peso robado».
3. Cuestionamientos al Fiscal Cooper y la «Judicialización Política»
El oficialismo no solo defendió a Boric, sino que apuntó contra la Fiscalía. Juan Santana (PS) tildó de «desprolijas» las investigaciones, recordando que dos tribunales rechazaron interceptar el teléfono presidencial por falta de fundamentos. Gonzalo Winter (FA) fue más allá: «Hablamos de filtraciones ilegales de conversaciones obtenidas ilegalmente. Los tribunales ya dijeron que no ven delito aquí».
Constanza Martínez (FA) denunció en redes una «campaña de desprestigio» contra Boric, mientras Lautaro Carmona (PC) criticó el «activismo judicial» de fiscalías y jueces, advirtiendo que este «impacta la política y erosiona la confianza en las instituciones».
4. Las Sombras sobre ProCultura y el Debate por los Recursos Públicos
Jaime Araya (PPD), miembro de la comisión investigadora de la Cámara, subrayó que ProCultura fue un «mecanismo para defraudar recursos fiscales» y exigió acelerar las formalizaciones para «conocer a los responsables». Por su parte, Jaime Mulet (FRVS) reconoció la gravedad del caso: «Estamos hablando de recursos públicos mal utilizados. El Ministerio Público debe investigar hasta las últimas consecuencias».
El diputado Diego Ibáñez, vinculado a conversaciones en el grupo «La Convergencia Cristiana», defendió su rol en voluntariados financiados con 500 mil pesos de Convergencia Social: «Todo fue transparentado y aprobado por el Servel. No hay delito alguno».
5. La Tensión Institucional: ¿Independencia Judicial o Instrumentalización?
El caso expone una grieta entre la retórica de «respeto a la justicia» y las acusaciones cruzadas de politización. Mientras el oficialismo insiste en que la Fiscalía «levanta humo sin pruebas» (Santana), la oposición aprovecha para cuestionar la ética del Gobierno. Winter resumió el dilema: «Si cubrimos la pregunta del fiscal Cooper, también debemos cubrir la respuesta de los tribunales: no ven delito aquí».
6. DENUNCIANTE TRABAJO EN LA CAMPAÑA DE BORIC
Una nueva arista del Caso Procultura ha encendido las alarmas en el mundo político, luego de la difusión de escuchas telefónicas que aluden a un posible financiamiento irregular en la campaña presidencial de Gabriel Boric. La conversación, interceptada por la PDI, involucra a tres mujeres: Ilonka Csillag, secretaria y cofundadora de la Fundación Procultura; Constanza Gómez, su representante legal; y una tercera persona identificada por la fiscalía solo como “Lucía”.
Es precisamente una intervención de esta última la que ha generado controversia. En la grabación, “Lucía” reclama un pago adeudado por la fundación y afirma que Alberto Larraín, entonces director de Procultura, le habría dicho: “Gasté esta plata en la campaña de Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca”.
Según constató CIPER, la voz corresponde a Lucía Bustamante, socia de la Productora Gráfica Andros Limitada, empresa que mantenía una relación comercial con Procultura y que posteriormente demandó a la fundación por una deuda de $41,9 millones, correspondiente a cinco facturas impagas. El contenido de la conversación coincide con los antecedentes de esa acción judicial, revisados por CIPER en el sistema del Poder Judicial.
Además, la misma empresa figura como proveedora de la campaña presidencial de Gabriel Boric. De acuerdo con los registros del Servel, el comando del entonces candidato rindió dos facturas de Andros Limitada: una del 29 de septiembre de 2021 por $6,3 millones, y otra del 20 de octubre de ese año por $18,6 millones, ambas por servicios de impresión de volantes.
CIPER también verificó que la imprenta venía prestando servicios al Estado desde mucho antes de la llegada de Boric a La Moneda. Según la plataforma Mercado Público, la empresa ha trabajado con diversas entidades públicas al menos desde 2012.
Este nuevo antecedente siembra dudas sobre la transparencia financiera de la campaña presidencial, aunque aún no hay pruebas concluyentes que vinculen directamente el dinero adeudado por Procultura con los pagos rendidos ante el Servel.
Conclusión Analítica:
El caso ProCultura trasciende lo jurídico: es un campo de batalla político donde se disputan narrativas sobre transparencia, independencia institucional y legitimidad. El oficialismo busca desvincular a Boric de las acusaciones, proyectando una imagen de víctima de una «judicialización con fines políticos», mientras la oposición capitaliza el caso para erosionar la credibilidad del Gobierno. La clave estará en si la justicia logra cerrar las investigaciones con celeridad y contundencia, o si el ruido político seguirá opacando los hechos.
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