Ahora que el escándalo de corrupción y posible financiamiento ilegal de campañas políticas ha llegado al círculo cercano del Presidente Gabriel Boric, correspondería transparentar, de una buena vez, que hay un vacío legal que obliga a los candidatos presidenciales a inventar artimañas para financiar sus aventuras presidenciales antes de que empiece el periodo oficial de campaña. Ahora mismo, varios de los candidatos presidenciales en carrera tienen sendas estructuras de campaña financiadas de forma irregular porque la ley no establece mecanismos de financiamiento de campaña para los meses antes de que se inicie oficialmente el periodo de las campañas presidenciales.
Aunque todavía no hay certeza de qué es lo que realmente ocurrió con las abultadas sumas de dinero que llegaron a la Fundación ProCultura a partir de 2022, hay buenas razones para sospechar que parte de esos fondos fueron para financiar campañas electorales o para saldar deudas asociadas a gasto no reportado de campañas electorales anteriores. Bien pudiera ser que ProCultura fue una forma que encontró el gobierno para ayudar a financiar la campaña a favor del Apruebo en el Plebiscito de 2022.
Si bien la justicia deberá determinar si hay responsabilidades penales, cualquier observador medianamente informado se puede dar cuenta que el sistema legal de financiamiento de campañas que existe en Chile está mal diseñado. La regulación es pobre e insuficiente. Para no ir más lejos, la ley no permite formalmente a los candidatos gastar en sus actividades de campañas antes de que empiece oficialmente el periodo de campaña. Para la primera vuelta, el periodo de campaña se inicia 60 días antes de la votación. Como la elección es el 16 de noviembre, solo se puede empezar a gastar en la campaña desde el 16 de septiembre.
En caso de que participen en primarias, que se realizan el 29 de junio, los candidatos ya pueden gastar en sus campañas para las primarias. Ese es el caso de los abanderados que participarán en las primarias de oficialista coalición de izquierda. Pero si no participan en primarias, como es el caso de los candidatos Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser -entre otros- los candidatos presumiblemente no pueden incurrir en gasto en campaña porque, formalmente, no están en campaña.
Ahora, es evidente que los candidatos presidenciales que no participan en primarias no pueden dejar de hacer campaña a la par de los que sí participan en primarias. Los tres abanderados más conocidos de la derecha están realizando múltiples actividades de campaña -incluidos viajes, eventos públicos y formación de equipos de asesores y estrategas de campaña-. Todo eso cuesta dinero.
Pero la ley formalmente no se hace cargo de que las campañas comienzan mucho antes de que se inscriban formalmente los candidatos. Luego, si una persona quiere buscar una candidatura presidencial, inevitablemente debe actuar al margen de la ley para lograr ese objetivo. Cada vez que un aspirante a candidato presidencial -o incluso aquellos que ya han sido formalmente nominados por algún partido- realiza actividades de campaña, emite un comunicado, toma un avión para viajar a regiones o envía un correo electrónico a sus simpatizantes, ese candidato está incurriendo en un gasto de campaña que, aunque quiera hacerlo, no puede declararlo como tal. La ley simplemente no contempla la posibilidad de que los aspirantes a candidatos o los candidatos ya declarados realicen gastos de campaña antes de que formalmente se inscriban como candidatos.
Ese sinsentido de la legislación vigente obliga a los candidatos a buscar creativas formas de financiar su legítima actividad política. Para hacerse conocidos y poder llegar a la gente, se necesita dinero. Como deben convencer a un electorado poco atento que ellos son una alternativa viable, los candidatos deben usar artimañas legales para hacer campaña sin formalmente decir que están haciendo campaña. Una de esas alternativas son las fundaciones sin fines de lucro que pueden recibir donaciones para realizar proyectos y promover determinados valores e ideas. Esas fundaciones se convierten en los vehículos que utilizan muchos candidatos para financiar campañas -y recibir aportes- en periodos de campaña formalmente no contemplados en la ley.
Es verdad que, de demostrarse delitos asociados al financiamiento de campaña, lo que pasó con la Fundación ProCultura representa fraude al fisco y malversación de recursos públicos. La diferencia con fundaciones financiadas con recursos privados es que aquí, presumiblemente, se desviaron recursos públicos para un uso indebido. Pero como la oportunidad hace al ladrón, el problema de fondo está en la ausencia de una regulación legal que permita financiar transparentemente las campañas electorales en periodos que ahora no están contemplados en la ley.
Aunque es comprensible que todos quieran llevar agua a sus molinos en esta coyuntura, y de más está decir que los que violan la ley deben ser severamente castigados, el problema de fondo que alimenta estas tretas y artimañas es que el marco legal desconoce la evidente realidad de que las campañas electorales en Chile empiezan mucho más temprano de lo que hoy establece la normativa.
Esta columna fue publicada en El Líbero por Patricio Navia, sociólogo, cientista político y académico UDP. Se reproduce consignando el original
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