En un contexto de ingresos mermados y gastos inflexibles, el Ministerio de Hacienda chileno ha lanzado las bases del Presupuesto 2026, el último de la administración Boric pero que será ejecutado íntegramente por el próximo gobierno. Las cifras son contundentes: el ajuste fiscal anunciado para 2025 suma US1.199millones∗∗(recortesenlaLeydePresupuestosymedidaslegislativas),peroseanticipainsuficienteparareducireldeˊficitestructural.Seguˊnproyecciones,elproˊximogobiernodeberaˊiniciarsumandatoconunrecorteadicionaldealmenos∗∗US1.000 millones, evidenciando un escenario de restricción prolongada.
El instructivo de la Dipres: techo del 98% y priorización obligatoria
El 30 de abril, la Dirección de Presupuestos (Dipres) envió a todos los ministerios las instrucciones para elaborar el proyecto 2026, marcando un límite máximo del 98% del gasto asignado en 2025 (tras ajustes y reajustes salariales). Esta cifra, apenas un 0,5% más flexible que el 97,5% de 2024, obliga a una priorización drástica: “deberán prevalecer gastos que aseguren obligaciones legales y contractuales”, señala el documento. La única excepción son 35 leyes en implementación, como la Reforma de Pensiones y el nuevo Ministerio de Seguridad, que podrán solicitar recursos adicionales.
Innovación y restricciones: sin margen para nuevos programas
Por primera vez, el instructivo incluye un listado específico de leyes prioritarias, cerrando la puerta a iniciativas fuera de este marco: “No se consideran recursos para programas nuevos; la prioridad es consolidar la oferta existente”. Además, se imponen techos estrictos:
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Viáticos y horas extras: no pueden superar el 90% del presupuesto 2025.
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Bienes y servicios: solo se asignará lo necesario para mantener operaciones regulares, descontando gastos únicos y ajustes mandatados.
Gasto en personal: ¿congelamiento encubierto?
Aunque el gobierno asegura que “se mantendrá la dotación actual del sector público”, el instructivo es claro: las solicitudes de personal deben ajustarse al 98% del presupuesto 2025, con reasignaciones internas pero sin ampliaciones. Esto, en un escenario donde el reajuste salarial del sector público ya está incluido, sugiere un congelamiento de facto en la expansión de plantas, priorizando solo lo vinculado a las 35 leyes clave.
Calidad del gasto: eficiencia como mantra
El documento enfatiza la necesidad de “mejorar la pertinencia, eficacia y eficiencia” del gasto. Para ello, exige que los ministerios reformulen programas existentes y sometan sus diseños a evaluaciones ex ante, cuyos informes serán insumos para decisiones finales. Este enfoque, aunque técnico, refleja una estrategia para evitar duplicidades y optimizar recursos en un marco de asfixia fiscal.
El calendario ajustado: entre la urgencia y la transición
Los ministerios tienen hasta el 30 de mayo para enviar sus propuestas a la Dipres. Tras su análisis, el proyecto se enviará al Congreso a fines de septiembre. Sin embargo, el verdadero desafío será político: este presupuesto, diseñado por el gobierno saliente pero ejecutado por el entrante, podría convertirse en un campo de batalla legislativo, especialmente si el ajuste fiscal de 2025 no logra contener el déficit.
Análisis final: Un presupuesto puente en medio de la tormenta
El Presupuesto 2026 no solo refleja la estrechez fiscal actual, sino que actúa como un termómetro de la capacidad del Estado para equilibrar obligaciones legales con restricciones económicas. La insistencia en priorizar leyes emblemáticas (como pensiones y seguridad) y el bloqueo a nuevos programas revelan una estrategia defensiva, donde la innovación política cede ante la urgencia técnica. Sin embargo, con un ajuste insuficiente en 2025 y un déficit estructural persistente, el próximo gobierno heredará un marco presupuestario que limitará su margen de acción desde el día uno.
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