Tras las declaraciones de Alberto Larraín —líder de la fundación Procultura—, que vinculó proyectos investigados a la administración de Sebastián Piñera, la coalición Chile Vamos (UDI, RN, Evópoli) salió en bloque para defender al expresidente y acusar al Gobierno de Gabriel Boric de orquestar una «cortina de humo». El objetivo: desviar el foco de la investigación por presunto financiamiento irregular de la campaña de Boric en 2021.
Matthei y Galilea: Contrastando Cifras
Evelyn Matthei, abanderada presidencial de Chile Vamos, respondió con datos concretos: «La fundación de este señor recibió 150 millones de pesos en el último año de Piñera y después recibió seis mil en este gobierno. Que la gente juzgue si es lo mismo o no». Su comentario apunta a deslegitimar la equivalencia que Larraín intentó establecer entre ambos gobiernos.
El senador Rodrigo Galilea (RN) profundizó en las cifras: *»En gobiernos de Piñera y Bachelet, los aportes a instituciones privadas eran del 4-5% del presupuesto regional. En 2022, bajo Boric, saltaron al 25%»*. Agregó que Procultura multiplicó sus ingresos «de manera desbocada» ese año, lo que habría encendido las alertas sobre un posible «financiamiento ilegal de la política con fondos públicos», eje central de la investigación fiscal.
La UDI y el Discurso de la «Concertación»
Juan Antonio Coloma, secretario general de la UDI, acusó a Larraín de repetir un «guiñapo de la Secom [Secretaría Comunicacional] del Gobierno». «Lo mismo que dice Larraín es lo que dice el Gobierno hoy. Hay una respuesta concertada para cambiar el foco», sostuvo. Además, enfatizó la cercanía entre Larraín y el oficialismo: «Tenía amistad con Boric, con líderes del Frente Amplio. Le dieron plata, compraba pasajes en business…».
Longton y la «Defensa Corporativa» del Gobierno
El diputado Andrés Longton (RN), quien presidió la comisión investigadora del caso, fue más allá: «Larraín está haciendo una defensa corporativa de este gobierno (…). Es irrefutable: la cercanía con Boric y su militancia permitió que esta fundación obtuviera recursos públicos de los más pobres para otros fines». Su declaración busca consolidar la narrativa de que el escándalo es inherente a la actual administración.
Análisis: La Batalla de las Narrativas
La reacción de Chile Vamos no es casual. Al desmontar los intentos de Larraín por distribuir responsabilidades hacia el período de Piñera, la coalición opositora persigue tres objetivos:
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Proteger el legado de Piñera: Limpiar su imagen ante posibles salpicaduras en un año electoral.
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Vincular el caso a Boric: Usar cifras contrastantes (150 millones vs. 6 mil pesos) para resaltar un presunto trato privilegiado bajo el actual Gobierno.
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Cuestionar la transparencia oficialista: Presentar las declaraciones de Larraín como un script coordinado con La Moneda para diluir la investigación.
El Fondo: Elecciones y Desgaste
Este episodio refleja cómo el caso Procultura ha trascendido lo judicial para convertirse en un campo de batalla político. Para Chile Vamos, es una oportunidad de erosionar al oficialismo ante su última Cuenta Pública, vinculándolo a irregularidades éticas. Para el Gobierno, el riesgo es que el escándalo opaque su mensaje de transformaciones y refuerce la percepción de crisis en medio de su agenda internacional.
Mientras la Fiscalía avanza, las declaraciones de Larraín —y las réplicas cruzadas— confirman que, en este caso, cada palabra es un movimiento calculado en el tablero de la política chilena.
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