Lo que toca el gobierno lo destruye. Así, si en el pasado los informes presentados por los distintos gobiernos ante el Poder Legislativo eran documentos confiables y una fuente veraz de información, hoy se han transformado en meros panfletos, dejando la constante duda de si lo que informa el gobierno es real o no. Esto daña no sólo su propio prestigio profesional, sino que también alimenta lo que parece ya una agenda presidencial destinada a socavar el Estado de Derecho y las instituciones. Se ha vuelto una costumbre que el gobierno entregue, incluso en instancias formales, cifras equivocadas.
A modo de ejemplo, con sólo días de diferencia, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) entregaron versiones distintas de un mismo Informe de Finanzas Públicas. Luego, las cifras expuestas por el mismo ministerio en la presentación del reajuste del sueldo mínimo tampoco coincidían. Y para rematar, el Subsecretario de Pesca entregó cifras falsas para justificar y promover la votación de una norma en el proyecto de ley de fraccionamiento pesquero.
Estos tres casos son sólo una pincelada de los reiterados “descuidos” del gobierno del Presidente Boric, que terminan por dejar en ridículo a las más altas autoridades del país: ministros y jefes de servicio. Autoridades que, si se desempeñaran en el sector privado, ya estarían cesantes, y no protegidas por el amiguismo o una mal entendida “lealtad política”.
Frente a esto, es legítimo preguntarse si realmente se trata de errores, o si, dada la reiteración de esta conducta por parte del gobierno del Socialismo Democrático, el Frente Amplio y el Partido Comunista -y la indiferencia o aparente aceptación tácita por parte de Presidencia-, para ellos el fin justifica los medios. ¿Será que, movidos por la ceguera ideológica que los caracteriza, prefieren entregar información falsa, mentir y maquillar cifras con tal de avanzar en sus proyectos e ideas, o de ocultar su ineptitud en el manejo de unas finanzas públicas cada día más deterioradas?
Y es que, cuando se cometen errores, la actitud correcta debería ser asumir la responsabilidad, dar un paso al costado y actuar con mayor diligencia para que no vuelvan a repetirse. Pero, al contrario, caen una y otra vez en la misma conducta, entregando cifras irreales, y lo que es peor, en instancias deliberativas. Tomar decisiones con información errónea o manipulada puede darles una victoria ideológica, sí, pero a costa de causar un gran daño a la ciudadanía y al país. ¿El único riesgo? Ser descubiertos, pedir disculpas y restarle gravedad a una conducta que, en cualquier democracia seria, sería inaceptable.
Esta columna fue escrita por Beatriz Hevia, abogada, para El Líbero y se reproduce dejando constancia del original
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