La declaración pública de Alberto Larraín, cofundador de ProCultura, buscó despejar las acusaciones de fraude al fisco y lavado de activos que investiga la fiscalía. Sin embargo, su texto de cuatro puntos —que niega financiar campañas políticas, atribuye proyectos al gobierno anterior, defiende transferencias personales a su pareja y rechaza enriquecimiento— choca con evidencias y omisiones que complican su posición.
Campañas y testimonios cruzados
Larraín aseguró que “nunca se generó financiamiento desde ProCultura a la campaña de Gabriel Boric, ni a ninguna otra”. No obstante, una interceptación telefónica recoge el testimonio de Lucía Bustamante, quien afirmó que Larraín le dijo: “Gasté esta plata en la campaña de Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca”. Este audio fue incluido en el rechazado pedido para intervenir el teléfono del Presidente. Además, el gobernador Claudio Orrego (ex DC) —vinculado a Larraín— negó recibir fondos, pero el tribunal autorizó levantar su secreto bancario tras la solicitud fiscal.
Proyectos y vínculos políticos no declarados
El psiquiatra atribuyó proyectos como el de recuperación de fachadas en Antofagasta al gobierno de Sebastián Piñera, omitiendo que la iniciativa dependió del gobernador Ricardo Díaz (RD), electo en 2021. ProCultura, además, multiplicó por diez sus ingresos por reparticiones públicas entre 2021 (316millones)y2022(3.282 millones), año en que asumió Boric, excluyendo la ley de donaciones.
Transferencias a Balbontín y libros “truchos”
Sobre las transferencias a su pareja, Sebastián Balbontín, Larraín insistió en que fueron “de mi cuenta personal”. Sin embargo, omitió los $3,4 millones enviados por Francisco Fuentes (ProCultura) y la impresión de libros usados en la campaña de Balbontín para alcalde de Limache. Una interceptación a Josefina Hunees, exesposa de Larraín, reveló presuntas irregularidades: “Inflaban el precio de libros para mineras y con la diferencia financiaban otros proyectos”.
Quiebra, trabajadores y la sombra del enriquecimiento
Larraín declaró que “no me he enriquecido” y atribuyó el cierre de ProCultura en 2023 a la cancelación estatal de convenios. Sin embargo, trabajadores demandaron por impago de finiquitos. La fiscalía indaga si hubo beneficios ilícitos, como remuneraciones en el programa anti-suicidios Quédate, que recibió $1.683 millones de la gobernación metropolitana.
Análisis final: Declaración estratégica, preguntas abiertas
Larraín pidió “respetar el principio de inocencia” y criticó las “opiniones descontextualizadas”, pero su relato evadió conexiones políticas clave y cifras explosivas. Las interceptaciones, testimonios y datos financieros dibujan un mapa de inconsistencias que la fiscalía Regional de Coquimbo, liderada por Patricio Cooper, intenta descifrar. El caso, más allá de las negaciones, sigue abierto: las omisiones podrían ser tan reveladoras como las declaraciones.
Lea la declaración completa de Alberto Larraín:
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