La muerte de Johnny San Martín, exadministrador general de la Fundación Procultura, ha añadido un giro trágico y explosivo al escándalo que rodea a esta ONG y a su cofundador Alberto Larraín. Más que un hecho aislado, su fallecimiento revela un entramado de negligencia, abuso de poder y presuntas irregularidades financieras, que podrían tener consecuencias judiciales de gran alcance.
¿Quién era Johnny San Martín y por qué su muerte es clave?
San Martín (53) fue uno de los hombres de confianza de Larraín, con más de una década dentro de la organización. Ejercía un rol clave como administrador general, con acceso a información financiera sensible: manejo de recursos, contratos y posiblemente los nexos con el Estado, objeto de investigación por corrupción en el llamado Caso Convenios.
Según fuentes citadas por The Clinic, “sabía todo” sobre el funcionamiento interno de Procultura.
Una muerte bajo sospecha
San Martín falleció el 10 de octubre de 2024 tras ser allanado por la PDI, que incautó equipos tecnológicos y lo detuvo por porte de una pistola de fogueo. Durante su paso por el cuartel policial se descompensó. Ingresó al Hospital San José, donde murió días después por una encefalopatía hepática que arrastraba desde hace tiempo.
Pero no tenía cobertura de salud activa, porque Procultura no le pagaba las cotizaciones previsionales y de salud desde hacía meses. Este hecho, denunciado por sus cercanos, podría haber contribuido a que no se tratara a tiempo.
Las escuchas telefónicas: una bomba política y ética
La PDI interceptó una conversación entre Constanza Gómez (representante legal de la fundación) y Josefina Huneeus, exesposa de Larraín. La transcripción, revelada por The Clinic, expone el nivel de desidia y negligencia de Larraín, además de la indignación de sus colaboradoras más cercanas.
Fragmentos clave:
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Gómez: “No hayan estado pagadas las cotizaciones… no podía hacerse ningún examen (…) Odian a Alberto con todo su corazón.”
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Huneeus: “¡Hay un muerto concha de tu madre! Hay un muerto, ¿cachai?”
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Gómez: “Si tú no pagas estas cotizaciones ya… te voy a hacer cagar, te voy a hacer pico.”
También se menciona que Larraín había recibido una devolución de unos 50 millones de pesos, pero aún así se negó a pagar los $2,9 millones que debía en cotizaciones a San Martín.
¿Qué puede pasar ahora?
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Responsabilidad penal o civil: Aunque la causa de muerte fue médica, la omisión en el pago de cotizaciones previsionales y de salud podría abrir acciones judiciales contra Larraín y Procultura, por negligencia con resultado de muerte o incluso cuasidelito.
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Colaboración frustrada: San Martín, debido a su rol estratégico, pudo haber sido testigo clave en la investigación por corrupción. Su muerte podría dificultar el acceso a información interna crítica, aunque sus equipos ya fueron incautados.
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Daño reputacional irreversible: Esta muerte desborda los límites administrativos. No es solo un caso de corrupción, sino una historia de abandono y abuso, dentro de una fundación que se presentaba como benefactora del mundo cultural y social.
En resumen
La muerte de Johnny San Martín personifica las consecuencias humanas de la corrupción estructural. Su historia no es solo una baja administrativa en una causa judicial, sino un reflejo de cómo los abusos de poder, el incumplimiento de deberes laborales y la negligencia pueden cobrar vidas.
Este hecho podría acelerar nuevas acciones legales y auditorías forenses sobre Procultura, y amenaza con poner a Alberto Larraín en el centro del huracán judicial y político, con una carga moral imposible de eludir.
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