El caso de Isabel Allende Bussi, exsenadora y figura emblemática del Partido Socialista chileno, ha dado un giro decisivo con su citación a declarar este viernes 16 de mayo, ya sin fuero parlamentario, en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias vinculada a la fallida compra por parte del Estado de la casa de Salvador Allende en calle Guardia Vieja. Esta será su primera declaración formal ante la Fiscalía, tras haber guardado silencio en la comparecencia de enero.
🔍 Claves del caso:
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Inicio de la investigación: El 8 de enero de 2025, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, abrió una investigación penal contra Allende luego de un hallazgo incidental durante interceptaciones telefónicas en el caso ProCultura, donde era investigado Miguel Crispi, entonces jefe de asesores del Presidente Boric.
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El «pinchazo» a Crispi: En una llamada interceptada el 7 de enero, Crispi comentó a su madre, Claudia Serrano (también socialista), que Allende “había llamado hasta al portero del Ministerio” para presionar por la compra de la casa.
Crispi: “Weveando, weveando, que se haga, que se haga, que se haga así… Ella tiene mucha responsabilidad y también el abogado de la familia Allende”.
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Reacción de Allende: Tras conocerse la transcripción, la exsenadora negó categóricamente haber intervenido y exigió a Crispi explicar sus dichos públicamente.
“Lo dicho por el Sr. Crispi es falso y constituye una falta de respeto a mi familia. No intervine de ninguna manera en la venta de la casa de mi padre”.
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Destitución por el TC: El 12 de marzo, el Tribunal Constitucional destituyó a Isabel Allende por violar la prohibición constitucional de celebrar contratos con el Estado, hecho que gatilló también el fin de su fuero parlamentario y que ha facilitado el avance de la investigación penal.
🧑⚖️ Lo que se espera este viernes
Esta nueva comparecencia ante la Fiscalía tiene especial relevancia porque será la primera vez que Allende entregue su versión bajo interrogatorio. La defensa, a cargo de la abogada Paula Vial, confirmó que esta vez responderá todas las preguntas del fiscal Cooper.
La interrogante central: ¿Tuvo Isabel Allende algún rol directo o indirecto en las gestiones ante el Ejecutivo para facilitar la compra del inmueble con fondos públicos? ¿Se comunicó con funcionarios del gobierno? ¿Hubo presiones indebidas?
También deberá aclarar su eventual responsabilidad administrativa o política en el procedimiento de venta del inmueble familiar, más allá de lo que implique penalmente.
⚖️ Implicaciones políticas y judiciales
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La acusación de tráfico de influencias es un delito grave, y en este caso se entrelaza con figuras de alto perfil dentro del oficialismo, como Crispi y la propia Allende.
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Además, pone bajo escrutinio la gestión del Presidente Boric, dado que el proyecto para convertir la casa de Salvador Allende en museo contaba con respaldo presidencial directo.
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El caso se vincula también con el escándalo de convenios del caso ProCultura, lo que refuerza el foco de la Fiscalía sobre redes de poder, favoritismo institucional y uso irregular de fondos públicos.
🧩 En resumen
El caso contra Isabel Allende no es solo una investigación por un posible tráfico de influencias, sino un reflejo de cómo gestiones personales y decisiones estatales pueden enredarse en un contexto de desconfianza pública, clientelismo y opacidad institucional.
Su declaración de este viernes será clave para determinar si hubo intervención indebida o si, como sostiene su defensa, todo se hizo bajo lineamientos del propio gobierno. También podría tener repercusiones para otros actores políticos involucrados, especialmente Miguel Crispi, cuya credibilidad ya ha sido cuestionada en otros casos.
La Fiscalía, con este paso, avanza en uno de los casos más sensibles del presente político chileno, con potenciales efectos tanto penales como institucionales.
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