La indagatoria penal contra la fundación ProCultura y su cofundador, el psiquiatra Alberto Larraín, dio un giro decisivo este jueves, luego de que el fiscal Eduardo Yáñez anunciara en audiencia la incorporación de nuevos delitos a la investigación: asociación ilícita y administración fraudulenta.
Durante su intervención en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en el marco de un recurso de amparo, Yáñez afirmó que Larraín sería el “líder de esta operación”, por lo que podría enfrentar hasta 10 años de cárcel en caso de ser condenado solo por el delito de asociación ilícita.
Delitos investigados y contexto
Inicialmente, la fiscalía indagaba fraude al fisco y lavado de activos, pero ahora se suma la figura penal de asociación ilícita criminal (art. 293 inciso 2° del Código Penal), que requiere la participación de al menos tres personas organizadas para delinquir.
“A la fecha investigábamos los delitos de fraude al fisco y lavado de activos. Hoy día yo me atrevería a agregar el delito de asociación ilícita y el de administración fraudulenta”, sostuvo Yáñez durante los alegatos.
Según detalló, Larraín no figuraba como representante legal de la fundación, pero habría sido quien tomaba las decisiones estratégicas y operativas, como lo confirman múltiples testimonios incluidos en la carpeta investigativa.
Este nuevo encuadre penal permitiría ampliar la formalización no solo contra Larraín, sino también contra miembros del directorio y ejecutivos de ProCultura.
Interceptaciones telefónicas y recurso de amparo
La audiencia fue convocada tras un recurso presentado por Josefina Huneeus, exesposa de Larraín, cuya conversación telefónica con el Presidente Gabriel Boric fue interceptada por la PDI en octubre. La defensa de Huneeus alegó ilegalidad, pero el fiscal defendió la legalidad de la medida, argumentando que fue autorizada judicialmente y que Huneeus está imputada como presunta encubridora.
Su abogado, Alejandro Awad, denunció que su vida “fue azotada por un tsunami” a partir de estas diligencias.
El dinero bajo la lupa
El caso también destaca por el volumen de recursos públicos involucrados. De acuerdo con la fiscalía, ProCultura habría recibido más de $5.866 millones de pesos desde 2022 mediante convenios con diversas gobernaciones regionales y organismos públicos.
Estos fondos, obtenidos “de manera ilegítima” según el Ministerio Público, se distribuyeron entre siete regiones:
-
Antofagasta: $1.174 millones
-
Atacama: $171 millones
-
Valparaíso: $289 millones
-
Metropolitana: $1.683 millones
-
Ñuble: $268 millones
-
Biobío: $1.726 millones
-
Magallanes: $551 millones
La investigación reveló que los ingresos de la fundación por recursos fiscales se multiplicaron por más de diez veces entre 2021 y 2022, coincidiendo con la llegada del actual gobierno.
Investigación en curso
El caso es encabezado por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, y ahora también incluiría la arista de eventual financiamiento irregular de campañas políticas.
Hasta el momento, Alberto Larraín no ha emitido declaraciones públicas sobre las imputaciones ni ha respondido a las consultas de la prensa.
- Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl
/psg
