Este viernes, la exsenadora Isabel Allende compareció ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en el marco de la investigación por presuntos delitos de corrupción en la fallida venta al Estado de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende. La diligencia, realizada por el fiscal Ricardo Soto, se extendió por cerca de dos horas.
Allende, una de las cuatro propietarias del inmueble ubicado en Guardia Vieja, acudió junto a su abogada Paula Vial, y evitó hacer declaraciones a la prensa al ingreso a la Fiscalía Regional de Coquimbo. En su primera comparecencia había optado por guardar silencio; esta vez, según su defensa, abordó temas como la delegación de poderes y el intento de convertir el inmueble en museo público.
¿Qué investiga la Fiscalía?
El Ministerio Público indaga principalmente posible tráfico de influencias, además de fraude al fisco. Una de las líneas clave apunta a determinar si Allende u otros propietarios del inmueble presionaron a autoridades o utilizaron sus cargos públicos para favorecer la venta al Estado. También se busca saber si hubo una fijación irregular del precio de la casa y presiones desde el entorno del Gobierno.
La investigación cobró fuerza luego de que una escucha telefónica al exjefe de asesores del Presidente, Miguel Crispi, revelara que Allende habría “llamado hasta al portero del ministerio” insistiendo en la concreción del proyecto, lo que generó cuestionamientos sobre su grado de intervención.
Querellante apunta a «dolo y ánimo de lucro»
El querellante Raimundo Palamara, militante del Partido Republicano y presidente de la Fundación Fuerza Ciudadana, presentó acciones legales por varios delitos. Según indicó, espera que se aclare el rol de Felipe Vio, yerno y abogado de Allende, en la negociación, así como el tipo de mandato que recibió para representar a la familia.
También solicitó que la Fiscalía consulte si Allende habló directamente con el Presidente Gabriel Boric sobre la venta, dado que varios testimonios sugieren que la idea del museo fue impulsada desde La Moneda.
Puntos clave de la indagatoria
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¿Cómo se inició la venta?: Se busca saber si la familia Allende ofreció la casa al Estado o si fue una iniciativa del Ejecutivo.
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¿Quiénes participaron?: Allende debería detallar con quién conversó sobre el tema, y si contactó directamente a autoridades.
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¿Hubo presión indebida?: Se investiga si existieron gestiones para acelerar el proceso desde cargos de poder.
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¿Conocía su inhabilidad?: La Fiscalía indaga si la exsenadora sabía que, como parlamentaria, no podía vender al Estado.
Este punto es especialmente relevante, ya que Allende fue removida de su cargo en el Senado por el Tribunal Constitucional, precisamente por haber incurrido en una eventual inhabilidad al participar en una venta al Estado mientras era legisladora.
¿Qué viene ahora?
Mientras se evalúa la responsabilidad penal de la exsenadora, la Fiscalía continúa reuniendo antecedentes para acreditar o descartar los delitos imputados, centrando sus esfuerzos en dilucidar si hubo uso indebido del cargo público, gestiones de presión al Ejecutivo y conocimiento de la imposibilidad legal de realizar la operación inmobiliaria.
El caso sigue en desarrollo y podría tener consecuencias tanto políticas como judiciales para los involucrados.
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