El caso ProCultura se ha convertido en el nuevo epicentro de la controversia por los millonarios convenios entre fundaciones y el Estado. La investigación, centrada en el psiquiatra Alberto Larraín, fundador de la ONG, involucra sospechas de malversación de fondos públicos, financiamiento irregular de campañas políticas, tráfico de influencias y un controvertido episodio de interceptaciones telefónicas que terminó afectando incluso al Presidente Gabriel Boric.
A continuación, las cinco aristas clave que marcan el escándalo:
La Fiscalía bajo la lupa
La remoción del fiscal Patricio Cooper —tras el escándalo del “pinchazo” a Josefina Huneeus, exesposa de Larraín— desató fuertes cuestionamientos. La Corte de Apelaciones de Antofagasta declaró ilegal la interceptación de sus comunicaciones, en las que se menciona al Presidente Boric y a la exministra Izkia Siches. El caso quedó ahora a cargo del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios. Críticos acusan violaciones a derechos fundamentales y un manejo judicial inapropiado.
Traspaso de dineros y posible financiamiento político
Los fondos recibidos por ProCultura se dispararon tras el inicio del actual gobierno. En 2022, la ONG recibió más de $3.282 millones, frente a los $316 millones máximos obtenidos en el gobierno de Piñera.
Según la Fiscalía, parte del dinero podría haber servido para el financiamiento irregular de la campaña presidencial de Boric, algo que Larraín ha negado. Se identificaron pagos directos al propio Larraín, su pareja Sebastián Balbontín y a otros candidatos. La tesis de lavado de activos también ha sido planteada en el marco de esta línea investigativa.
El rol de las gobernaciones regionales
El 78% de los fondos públicos que recibió ProCultura entre 2022 y 2023 provinieron de gobiernos regionales, en particular de la RM (35%) y Biobío (31%). Destaca el convenio “Quédate”, firmado por $1.683 millones por el gobernador Claudio Orrego, en el que ProCultura habría invertido los fondos en un fondo mutuo el mismo día de la transferencia.
El ministro Álvaro Elizalde enfatizó que las gobernaciones son instituciones autónomas y deslindó responsabilidad del Ejecutivo. Orrego, por su parte, aseguró: “Fuimos estafados”.
Ofensiva de la oposición
La oposición ha exigido esclarecer el uso de los fondos y presentó acciones ante el SII, Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado. Desde Chile Vamos y el Partido Republicano acusan un posible encubrimiento por parte del Gobierno y han exigido investigar el eventual financiamiento irregular de la campaña de Boric. Evelyn Matthei lo calificó como un tema donde “los chilenos merecen saber la verdad”.
Divisiones en el oficialismo y versión del Gobierno
El oficialismo se ha mostrado dividido. Mientras desde el Frente Amplio se habló de “espionaje político” por las escuchas ilegales —algo que luego desmintieron figuras como Gonzalo Winter—, el Gobierno y ministros como Luis Cordero descartaron tal calificación.
La vocera (s) Aisén Etcheverry aseguró que “el Presidente no tiene vínculo alguno con el caso” y que ni siquiera ha sido citado como testigo.
Conclusión:
El caso ProCultura no solo amenaza con convertirse en el escándalo político más grave desde Democracia Viva, sino que también ha tensionado al Ministerio Público, las gobernaciones y La Moneda, generando un nuevo escenario de desconfianza pública respecto al uso de recursos fiscales en convenios con fundaciones.
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