Un extenso informe de 108 páginas, presentado por el Instituto CASLA ante la Organización de Estados Americanos (OEA), revela el funcionamiento interno del régimen de Nicolás Maduro como una estructura criminal transnacional, con vínculos sólidos con bandas delictivas regionales, grupos guerrilleros y potencias extranjeras como Rusia, China e Irán.

Luis Almagro, secretario general de la OEA, y Tamara Suju, directora de CASLA, denunciaron que en Venezuela opera una tiranía totalitaria que ha capturado todas las instituciones del Estado para ejercer represión sistemática, saqueo de recursos, lavado de dinero, y narcotráfico a través de redes como el Cartel de los Soles.

El informe documenta casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, y violencia sexual, utilizadas como métodos de intimidación política. Detalla además la creación de un sistema legal represivo con leyes como la Ley contra el Odio, la Ley de Ciberseguridad, y la reciente Ley contra ONGs (2024), todas usadas para criminalizar la disidencia.

A nivel internacional, el dossier resalta el papel de Rusia en el fortalecimiento del régimen mediante asistencia militar, acuerdos económicos y asesoría estratégica, así como el respaldo de Cuba en inteligencia y control represivo.

Finalmente, el Instituto CASLA exige a la Corte Penal Internacional actuar de forma urgente, acelerar las investigaciones y emitir órdenes de arresto contra los máximos responsables del régimen, incluso si actualmente ocupan cargos de poder.

Resumen Ejecutivo del Informe del Instituto CASLA

Presentado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) – mayo 2025
Responsables: Luis Almagro (OEA) y Tamara Suju (CASLA)

I. Naturaleza del Régimen Venezolano

  • Venezuela no es simplemente una dictadura tradicional ni un Estado fallido, sino una “estructura criminal transnacional”.

  • El Estado ha sido moldeado como una red vertical de crimen organizado, encabezada por una cúpula político-militar.

  • Se utilizan instituciones judiciales, militares y policiales para:

    • Reprimir la disidencia

    • Garantizar impunidad

    • Perpetuarse en el poder

II. Crímenes de Estado y Represión

  • Crímenes documentados:

    • Persecución política

    • Detenciones arbitrarias

    • Desapariciones forzadas

    • Tortura y violencia sexual contra civiles y militares

  • Existencia de centros clandestinos de detención e inteligencia militar y civil ilegal.

  • El uso del derecho penal como arma política incluye delitos como:

    • Traición, conspiración, instigación al odio, terrorismo y asociación para delinquir

III. Herramientas Legales de Represión

  • Leyes represivas sancionadas por el régimen:

    1. Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012)

    2. Ley contra el Odio (2017)

    3. Ley de Protección del Derecho a la Vida (2013) – manipulada para reprimir

    4. Ley de Regularización de Partidos Políticos (2018)

    5. Ley de Ciberseguridad (2021) – control total sobre internet y redes

    6. Ley contra ONGs (2024) – usada tras las elecciones de julio para perseguir a opositores tras la victoria desconocida de Edmundo González

IV. Sistema Económico Criminal

  • La élite chavista ha acumulado riqueza mediante:

    • Expropiaciones, empresas de fachada, testaferros

    • Control de minas de oro y negocios ilícitos

  • El Cartel de los Soles: estructura estatal paralela dedicada al narcotráfico.

  • Colaboración estrecha con:

    • FARC, ELN y carteles de droga

  • Participación en delitos como:

    • Extorsión, secuestro, trata de personas, prostitución forzada

V. Alianzas Internacionales

  • Rusia:

    • Apoyo político en foros internacionales

    • Venta de armas y asistencia militar

    • Inversiones en el sector petrolero

    • Envío de asesores para planificación político-militar

    • Parte de su estrategia para ganar influencia en América Latina

  • Cuba:

    • Participación directa en los servicios de inteligencia

  • China e Irán:

    • Apoyo diplomático y económico

VI. Llamado a la Justicia Internacional

  • Reclamo final del CASLA:

    • La Corte Penal Internacional (CPI) debe actuar con urgencia

    • Se solicita la emisión de órdenes de arresto internacionales contra Maduro y su entorno

    • A pesar de ocupar cargos de poder, deben ser juzgados por crímenes de lesa humanidad

Conclusión

Este informe constituye una documentación sistemática del uso del Estado venezolano como instrumento de represión y crimen organizado, con nexos internacionales que refuerzan su permanencia en el poder. Su objetivo final es alertar a la comunidad internacional y presionar a los órganos judiciales globales para que actúen ante violaciones masivas de los derechos humanos.

/psg

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