La Contraloría General de la República (CGR) encendió nuevamente las alarmas sobre el uso irregular de licencias médicas en el aparato estatal. En su noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), el organismo reveló que 25.078 funcionarios públicos viajaron al extranjero entre 2023 y 2024 mientras se encontraban con licencias médicas vigentes.
Durante el periodo investigado, estos trabajadores emitieron un total de 35.585 licencias, pero realizaron 59.575 entradas o salidas del país mientras debían estar en reposo, según registros de la Policía de Investigaciones (PDI).
Regiones con más movimientos irregulares
La Región Metropolitana concentra el mayor número de casos, con 26.032 entradas o salidas del país, seguida por Arica y Parinacota (10.043) y Magallanes (5.980).
788 instituciones públicas implicadas
El informe de Contraloría involucra a 788 entidades públicas en estas prácticas irregulares. De ellas, 13 concentran el 25% del total de licencias asociadas a viajes, destacando entre las más cuestionadas:
| Institución | Licencias médicas emitidas |
|---|---|
| Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) | 2.280 |
| Fundación Integra | 1.934 |
| Municipalidad de Arica | 719 |
| Servicio Nacional de Protección a la Niñez | 318 |
| Hospital San José | 203 |
| Hospital Félix Bulnes | 195 |
| Hospital Barros Luco | 188 |
| Hospital Clínico Eloísa Díaz | 165 |
En total, más de 50 entidades públicas ya han sido identificadas con más de cien casos cada una.
Amplio espectro institucional investigado
Las instituciones bajo observación incluyen:
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300 municipalidades
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52 servicios públicos
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46 hospitales
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22 subsecretarías
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Más de 40 corporaciones municipales
El ente fiscalizador entregó este viernes el detalle completo de estas entidades, todas bajo investigación por uso irregular de licencias.
Investigación penal en curso
Ante la magnitud del hallazgo, el Ministerio Público abrió una investigación penal de oficio para determinar responsabilidades por eventuales delitos de fraude al Fisco. En el caso de los médicos involucrados, se indaga también la posible emisión de licencias falsas, lo que podría configurar faltas administrativas graves o delitos penales.
Conclusión
El caso constituye uno de los mayores escándalos recientes por mal uso de recursos públicos en Chile. La Contraloría ha advertido que continuará entregando nuevos antecedentes, mientras las autoridades analizan eventuales sanciones y cambios al sistema de licencias médicas.
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