La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), principal gremio empresarial del país, cuestionó públicamente el accionar de organismos estatales que, según señalan, estarían excediendo sus atribuciones legales, lo que —a juicio de la entidad— pone en riesgo la democracia y debilita el rol de la sociedad civil.

La advertencia fue formulada por la presidenta del gremio, Susana Jiménez, a través de una carta enviada al diario El Mercurio y titulada “Exceso normativo más allá de las leyes”. En ella, la dirigenta gremial expresa su preocupación ante lo que califica como una “deriva normativa” por parte de órganos del Estado.

Entre los casos mencionados, Jiménez apuntó directamente a la Superintendencia de Pensiones (SP), acusándola de ampliar sus competencias más allá de lo que le permite la ley mediante la emisión de circulares y normativas administrativas.

  • “Un país serio como el nuestro, donde el respeto a las instituciones y la certeza jurídica han sido y deben seguir siendo pilares de estabilidad y desarrollo, no puede dar curso a iniciativas que excedan las competencias legales de un órgano del Estado”, señaló.

La crítica surge luego de que la SP anunciara una propuesta de regulación sobre publicidad de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), como parte del debate por la Reforma de Pensiones. La medida busca fiscalizar toda publicidad, promoción o auspicio que realicen las AFP, directa o indirectamente.

Para la líder gremial, esto implicaría una intromisión indebida en la autonomía de las asociaciones gremiales:

  • “La SP ha buscado ejercer control sobre los actos de una organización gremial y sus asociados relacionados con publicidad o gobernanza, vulnerando la autonomía de los cuerpos intermedios”.

Jiménez fue más allá y advirtió que este tipo de acciones “atentan contra el Estado de Derecho”, señalando que cualquier intento de imponer restricciones más allá de lo que establece la ley “buscando acallar voces discrepantes” afecta la libertad de expresión y debilita el papel de la sociedad civil.

Finalmente, enfatizó que los gremios y las empresas están comprometidos con el debate democrático:

  • “Los gremios y empresas siempre buscamos participar del debate público, aportando a la construcción de buenas políticas públicas que propendan al bien común”, concluyó.

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