Esta es la lista con las 50 instituciones con más fraudes por escándalo de licencias médicas

El informe incluye instituciones clave como Mejor Niñez, Banco Estado, Gendarmería, MOP y la Municipalidad de Santiago, agravando la crisis política del gobierno de Gabriel Boric. A continuación, un desglose analítico de las implicancias.

1. Instituciones en la mira: De la niñez a las obras públicas

El organismo fiscalizador identificó a 13 instituciones con mayor número de casos, destacando:

• Junji e Integra (dependientes del Ministerio de Educación): 4.214 licencias (11,8% del total nacional).

• Servicio de Protección de la Niñez (Mejor Niñez): Bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, su inclusión cuestiona la gestión de entidades sensibles.

• BancoEstado y Gendarmería: Dos pilares del Estado, lo que evidencia fallas sistémicas en sectores estratégicos.

• Municipalidad de Santiago (exalcaldesa Irací Hassler, PC): Agrega presión a la izquierda en medio de críticas por permisividad.

Análisis: La diversidad de instituciones afectadas –desde educación hasta seguridad penitenciaria– sugiere un problema transversal, debilitando el discurso gubernamental de eficiencia en la administración pública.

2. Escala del problema: Fraude sistémico y alza en la actual administración

• Cifras clave: 35.585 licencias médicas otorgadas en el período, con un aumento de casos durante el gobierno de Boric, pese a que el fenómeno no es nuevo.

• Declaración del Ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC): Reconoció “licencias fraudulentas” en Junji e Integra, derivando en sumarios.

• Investigación penal: Fiscalía Metropolitana Oriente, liderada por Álvaro Pérez, indaga posibles delitos de fraude al fisco.

Análisis: El incremento de casos bajo la actual administración alimenta la narrativa opositora sobre falta de control, incluso en carteras lideradas por el PC, socio clave de Boric.

3. Impacto político: Crisis de credibilidad y presión opositora

• Demanda de la oposición: Exigen desvincular a los funcionarios infractores y responsabilizar a autoridades.

• Riesgo para el gobierno: La inclusión de entidades emblemáticas como Metro de Santiago y SAG (vinculado a crisis sanitarias recientes) amplifica el daño reputacional.

• Factor municipal: La Municipalidad de Santiago, bajo gestión PC hasta marzo de 2024, queda expuesta a críticas por falta de rigurosidad.

Análisis: El escándalo refuerza la percepción de que el Estado no logra fiscalizar a sus propios organismos, incluso en áreas prioritarias como infancia y salud pública.

4. Respuesta institucional: Sumarios y acciones legales

• Contraloría: Inició sumarios administrativos en Suseso, Compin y Fonasa, además de enviar antecedentes a Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) por el uso irregular de recursos públicos.

• Objetivo declarado: Recuperar fondos y sancionar a responsables, aunque sin precisar plazos ni alcances concretos.

Análisis: Las acciones legales buscan contener el daño, pero la lentitud de los procesos sumariales podría diluir su impacto político inmediato.

5. Contexto histórico: ¿Un problema estructural?

Si bien el fenómeno de licencias fraudulentas se registra desde gobiernos anteriores, el reporte de Contraloría destaca que “en la actual administración registraron un alza”.

• Dato crítico: El 11,8% de los casos concentrados en Junji e Integra (educación parvularia) expone vulnerabilidades en un sector prioritario para la agenda de infancia del gobierno.

Análisis: El escándalo trasciende colores políticos, pero su crecimiento bajo la coalición de Boric lo convierte en un caso emblemático de promesas incumplidas en transparencia.

Conclusión Analítica
El listado de Contraloría no solo revela un fraude masivo, sino que tensiona los pilares de la gestión Boric: modernización del Estado y combate a la corrupción. La inclusión de instituciones ligadas a la niñez y servicios críticos (BancoEstado, Metro) dificulta la estrategia gubernamental de minimizar el hecho como un problema aislado. Con la oposición exigiendo cabezas y una investigación penal en curso, el gobierno enfrenta un doble desafío: actuar con firmeza para sancionar a los responsables, sin que esto se interprete como una admisión de negligencia sistémica. La credibilidad de su reforma a la salud pública –donde Fonasa y Compin están ahora bajo escrutinio– podría ser la próxima víctima.

El nuevo listado completó las 50 instituciones con más infractores, dando a conocer las entidades del número 14 al 50, con sus respectivas licencias cuestionadas. A continuación, el detalle:

14. Servicio de Protección de la Niñez, con 318 casos.
15. Banco Estado, con 317 casos.
16. Gendarmería de Chile, con 313 casos.
17. Ministerio de Obras Públicas, con 312 casos.
18. Municipalidad de Santiago, con 311 casos.
19. Municipalidad de Talca, con 307 casos.
20. Hospital Sótero del Río, con 281 casos.
21. Corporación Municipal de Viña del Mar, con 270 casos.
22. Hospital del Carmen, con 269 casos.
23. Servicio Nacional de Menores, con 243 casos.
24. SLEP de Iquique, con 228 casos.
25. SLEP de Magallanes, con 227 casos.
26. Servicio local de educación de Barrancas, con 224 casos.
27. Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena, con 223 casos.
28. Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua, con 221 casos.
29. Corporación Municipal de Educación de La Florida, con 217 casos.
30. Corporación Municipal de Desarrollo Social de Valparaíso, con 209 casos.
31. Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, con 207 casos.
32. Corporación Nacional del Cobre, con 204 casos.
33. Hospital San José, con 203 casos.
34. Municipalidad de Talcahuano, con 199 casos.
35. Municipalidad de Osorno, con 199 casos.
36. Hospital Félix Bulnes Cerda, con 195 casos.
37. Servicio Agrícola y Ganadero, con 193 casos.
38. Corporación Municipal de Educación de San Bernardo, con 191 casos.
39. Metro S.A., con 188 casos.
40. Corporación Municipal de Pozo Almonte, con 188 casos.
41. Hospital Barro Luco-Trudeau, con 188 casos.
42. Municipalidad de Curicó, con 184 casos.
43. Municipalidad de Villarrica, con 181 casos.
44. Municipalidad de Alto Hospicio, con 181 casos.
45. Municipalidad de Futaleufú, con 180 casos.
46. Municipalidad de Ovalle, con 167 casos.
47. Municipalidad de Iquique, con 165 casos.
48. Hospital Clínico Eloísa Díaz de La Florida, con 165 casos.
49. Municipalidad de Valdivia, con 164 casos.
50. Municipalidad de Lo Espejo, con 155 casos.

Las 13 principales entidades infractoras. El martes, Contraloría había revelado las 13 principales entidades infractoras, de un total de 788. Éstas eran:

1. Junji, con 2.280 casos.
2. Fundación Integra, con 1.934 casos.
3. Municipalidad de Arica, con 719 casos.
4. Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, con 515 casos.
5. Municipalidad de Puerto Montt, con 483 casos.
6. Instituto de Previsión Social, con 423 casos.
7. Subsecretaría de Salud Pública, con 393 casos.
8. Corporación Municipal de Salud de Puerto Natales, con 392 casos.
9. Corporación Municipal de Punta Arenas, con 369 casos.
10. Corporación Municipal de Puente Alto, con 363 casos.
11. Universidad de Chile, con 352 casos.
12. Municipalidad de Temuco, con 342 casos.
13. Corporación Municipal de Desarrollo de Calama, con 328 casos.

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