El exministro de Desarrollo Social y Familia durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Marcos Barraza (PC), figura en el listado de más de 25 mil funcionarios públicos que, según la Contraloría General de la República, viajaron al extranjero mientras estaban con licencias médicas activas, situación que ya genera una ola de críticas y procesos administrativos en diversas entidades estatales.

El caso fue revelado por T13, medio que accedió al noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), informe en el que la Contraloría expone los resultados del cruce de datos con la Policía de Investigaciones (PDI) sobre los movimientos migratorios de trabajadores públicos entre 2023 y 2024.

El viaje de Barraza

Según el informe, el episodio ocurrió cuando Barraza se desempeñaba como jefe de gabinete de la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, cargo que ocupó hasta el término de la administración municipal. Durante ese periodo, habría salido del país pese a contar con una licencia médica vigente, contraviniendo la normativa que exige reposo absoluto.

Irregularidades a gran escala

El informe de Contraloría revela que, entre 2023 y 2024:

  • 25.078 funcionarios públicos habrían viajado fuera del país con licencia médica.

  • Se emitieron 35.585 licencias médicas para este grupo.

  • Se registraron 59.575 movimientos migratorios durante los periodos de reposo.

  • 69% de las licencias corresponde a Fonasa y 31% a isapres.

Uno de los datos más llamativos es que 125 funcionarios realizaron entre 16 y 30 viajes internacionales durante sus licencias, y 13 personas concentraron el 25% del total de permisos emitidos en este contexto.

Entidades y regiones más afectadas

Las instituciones públicas más comprometidas por la cantidad de licencias bajo observación son:

Entidad Licencias cuestionadas
Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) 2.280
Fundación Integra 1.934
Municipalidad de Arica 719

A nivel regional, la Región Metropolitana encabeza los casos, con el 43,7% de los movimientos migratorios, seguida por Arica y Parinacota y Magallanes.

Investigación y posibles sanciones

El caso de Barraza se suma a una larga lista de funcionarios públicos que podrían enfrentar sumarios administrativos y sanciones disciplinarias. En paralelo, la Fiscalía abrió una investigación penal de oficio para determinar si hubo fraude al Fisco o falsificación de licencias médicas.

La Contraloría ha llamado a reforzar los controles internos y asegurar un uso adecuado de los recursos públicos. El informe también plantea la necesidad de reformas estructurales al sistema de licencias médicas en el sector público.

Conclusión

El escándalo por el uso indebido de licencias médicas continúa ampliándose y alcanza ahora a figuras de alto perfil como el exministro Barraza, en medio de una creciente presión por transparencia, fiscalización y responsabilidad en el manejo de beneficios estatales.

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