En medio del escándalo por los más de 25 mil funcionarios públicos que viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica entre 2023 y 2024, un nuevo informe del centro de estudios Horizontal, vinculado a Evópoli, reveló preocupantes cifras sobre el impacto fiscal del sistema de subsidios por incapacidad laboral.
Según el documento, en 2023 el gasto del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) en licencias médicas de trabajadores del sector público alcanzó los US$1.543 millones, lo que representa un 38% del gasto total del país en este beneficio, incluyendo tanto a Fonasa como a Isapres.
- “El 52,1% del gasto se destinaría a funcionarios del Gobierno Central y el 47,9% al resto del sector público, excluyendo a las Fuerzas Armadas”, señala el informe.
Una de las alertas que levanta el estudio es el número de días de licencia por trabajador: 33,1 días anuales promedio en el sector público, frente a 15,1 días en el sector privado y 10,5 días entre trabajadores independientes. Esta brecha se ha mantenido constante desde al menos 2017, lo que —según los autores— apunta a causas estructurales más allá de la salud de los funcionarios.
Salud mental y debilidad institucional
El informe también advierte que el gasto en Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL) se ha duplicado entre 2014 y 2022, pasando de representar el 0,6% al 1,2% del PIB. En 2022, más del 70% de las cotizaciones a Fonasa se destinó a financiar licencias médicas, lo que, según el estudio, ha desplazado recursos de otras áreas prioritarias del sistema de salud.
Un 42% del gasto total en licencias médicas se explicó por trastornos de salud mental en 2022, con un crecimiento acumulado del 442% desde 2015. Este tipo de diagnóstico tiene una alta prevalencia en el sector público, lo que acentúa la diferencia en el uso del beneficio con respecto al mundo privado.
- “Este monto es una carga considerable para el Estado, que además debe pagar los reemplazos para los funcionarios ausentes, aumentando la presión sobre el presupuesto público”, explicó Soledad Hormazábal, investigadora de Horizontal.
Además, el estudio concluye que las diferencias en uso no se explican por condiciones de salud, sino por debilidades en los controles y desalineación de incentivos en las reglas que rigen el acceso al subsidio.
Propuestas de reforma
Para enfrentar esta situación, Horizontal propone:
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Unificar el régimen del SIL para todos los trabajadores, eliminando diferencias normativas entre sectores.
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Aplicar una tasa de reemplazo decreciente para desincentivar el abuso.
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Fortalecer la fiscalización mediante el uso de datos.
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Establecer incentivos presupuestarios para mejorar la gestión del subsidio en organismos públicos.
El informe surge en momentos en que el Gobierno anunció la creación de un Comité Nacional de Ausentismo y el Ministerio Público abrió una investigación penal de oficio por posibles delitos de fraude al fisco relacionados con el uso indebido de licencias médicas.
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