La contralora general Dorothy Pérez anunció este lunes la ampliación de la fiscalización del mal uso de licencias médicas a funcionarios públicos que viajaron dentro de Chile, tras el escándalo de 25.078 casos de viajes internacionales durante permisos por enfermedad entre 2023 y 2024.
1. La Crisis Internacional: Un Termómetro del Problema
La Contraloría reveló que 25.078 funcionarios de 788 entidades públicas —incluyendo 14 ministerios, 24 subsecretarías y la Junji— viajaron al extranjero mientras estaban de licencia médica, con permisos que promediaron 17,7 días y se concentraron entre septiembre y diciembre. El caso derivó en:
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Investigación penal de la Fiscalía Nacional por presunto fraude.
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Sumario contra Compin, Fonasa y Suseso por su rol en la emisión de licencias.
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Renuncia de Raúl Domínguez, colaborador cercano al presidente Boric en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
El presidente Boric, desde Puerto Varas, advirtió: “Hay muchos que debieran ser destituidos”, reflejando la presión política ante un escándalo que atraviesa todo el aparato estatal.
2. El Nuevo Foco: Viajes Nacionales y el Desafío Logístico
Pérez anunció en la Comisión de Salud del Senado que la fiscalización se extenderá a viajes dentro de Chile, un problema aún más complejo. Según el estudio de Activa (enero 2024), solo el 11,3% de los chilenos viaja al extranjero en vacaciones, mientras el 88,7% elige destinos locales. La contralora admitió las dificultades:
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“No es fácil (…), en los movimientos nacionales hay dificultades mayores”.
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Reconoció que solo un porcentaje de casos será detectable, sin precisar cifras.
La medida podría exponer miles de nuevos casos, tensionando aún más a un gobierno que ya enfrenta críticas por la permisividad histórica del sistema.
3. Críticas a los Organismos de Control: ¿Negligencia Sistémica?
Pérez cuestionó duramente a Suseso, Fonasa y Compin por no realizar cruces de datos de forma autónoma:
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“Este trabajo ya se podría haber hecho desde los organismos con labores de control (…), no sólo esperar al control externo”.
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También incluyó a las Fuerzas Armadas y Carabineros, al revisar licencias médicas en Capredena y Dipreca.
El diagnóstico apunta a un problema estructural: la dependencia de la Contraloría para auditorías que debieran ser rutina en instituciones con facultades técnicas y presupuestarias.
4. Convenios Obsoletos y la Brecha Tecnológica
La contralora se refirió al convenio de 2014 entre Suseso y la PDI para cruzar datos de licencias y viajes internacionales, señalando su desactualización:
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“Deberían actualizarse para ir al tiempo con los cambios tecnológicos (…). Así habríamos tenido avances hace años”.
El retraso en modernizar estos mecanismos explica, en parte, por qué el escándalo estalló una década después del acuerdo, evidenciando una gestión reactiva más que preventiva.
5. Mercado Negro de Licencias: Un Delito en Ascenso
Pérez alertó sobre la promoción en redes sociales de licencias médicas falsas por hasta $60 mil, vinculadas a paquetes turísticos:
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“Existen hechos graves (…) que deberían ser corregidos con urgencia”.
Este fenómeno, sumado a la falta de controles, sugiere un circuito de ilegalidad arraigado, donde la impunidad histórica alimenta nuevas prácticas fraudulentas.
Conclusión: Un Terremoto Administrativo con Réplicas
La ampliación de la fiscalización a viajes nacionales no solo amenaza con exponer una nueva capa de presuntas irregularidades, sino que revela grietas profundas en la capacidad del Estado para autorregularse. Con el 88,7% de los chilenos vacacionando localmente —según Activa—, el gobierno enfrenta una bomba de tiempo: cada licencia médica usada para viajar dentro del país podría convertirse en un nuevo frente de conflicto político y legal. Mientras Pérez intenta cerrar las compuertas, la pregunta que queda es cuántas administraciones, pasadas y presentes, normalizaron un sistema permeable al abuso.
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