Este miércoles comenzará a regir la Ley de Funerales de Alto Riesgo (Ley 21.717), que entrega nuevas facultades a las delegaciones presidenciales regionales para calificar como de riesgo funerales que puedan afectar la seguridad y el orden público. La norma fue impulsada para frenar la realización de funerales ligados al crimen organizado, el narcotráfico o muertes violentas con connotación delictiva.
La legislación establece que los funerales calificados como de alto riesgo deberán realizarse en un plazo máximo de 24 horas desde la notificación de esta condición, lo que incluye el registro de defunción, traslado directo al cementerio o crematorio y el despliegue preventivo de seguridad.
Criterios para calificar un funeral como de riesgo
Según informó el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, la ley se aplicará en casos de muertes violentas con antecedentes delictuales vinculados al fallecido o su entorno. “El propósito central es que estos funerales no alteren el orden público ni se conviertan en un enaltecimiento del crimen”, señaló.
Los delegados presidenciales regionales tendrán la atribución de dictar resoluciones fundadas que ordenen la realización del funeral bajo esta modalidad.
Rol de Carabineros
El general director de Carabineros, Marcelo Araya, explicó que la institución elaborará un informe técnico dentro de las dos horas posteriores al deceso, detallando los antecedentes del fallecido y el contexto del hecho. Con ello se determinará el despliegue operativo, que en promedio involucra entre 35 y 40 funcionarios por procedimiento.
Además, Carabineros podrá calificar autónomamente funerales según el riesgo operativo, controlar la identidad de los asistentes al cortejo y evitar recorridos no autorizados.
Notificación a la familia y control en cementerios
La notificación a la familia deberá ser realizada por Carabineros y se informará a parientes directos —cónyuge, hijos, padres o hermanos— sobre la obligación de cumplir con las nuevas disposiciones. El cementerio o crematorio deberá estar legalmente autorizado.
El cuerpo deberá ser trasladado directamente desde el lugar del deceso o el Servicio Médico Legal al cementerio, y cualquier acto velatorio debe realizarse en ese mismo recinto.
Durante el cortejo, Carabineros podrá impedir el ingreso de personas bajo influencia de alcohol o drogas y bloquear la entrada de objetos que puedan alterar el orden. También se podrá controlar la identidad de los asistentes conforme al artículo 85 del Código Procesal Penal.
Sanciones por delitos durante funerales
La nueva ley contempla medidas penales más estrictas. Si se cometen delitos o incivilidades —como control indebido de vehículos, agresiones, robos, incendios, amenazas, o infracciones a la Ley de Armas o de Drogas— en un radio de 1.000 metros del lugar del funeral, los responsables deberán ser detenidos de inmediato por Carabineros.
Balance histórico
Desde 2019, el Gobierno ha identificado 2.305 funerales de alto riesgo. En lo que va de 2025 ya se han registrado 133 eventos de estas características.
El reglamento de aplicación de la nueva ley será dictado por el Ministerio de Seguridad Pública, e incluirá criterios específicos para la calificación, canales de denuncia ciudadana y coordinación interinstitucional.
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