La Presidencia de la República, a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE), presentó un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones con el objetivo de revertir la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) que ordenó entregar los correos institucionales del jefe de gabinete Carlos Durán y del exjefe de asesores Miguel Crispi. La solicitud fue presentada por el diputado independiente Tomás Lagomarsino, en el contexto de la investigación por el denominado “caso Monsalve”.
Lagomarsino había requerido la entrega de dichos correos, fechados entre el 14 y el 18 de octubre de 2024, para verificar las gestiones realizadas por el Ejecutivo con el fin de buscar un reemplazo para el entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. En primera instancia, la solicitud fue denegada, pero tras una apelación, el CPLT ordenó la entrega de los documentos.
La resolución del Consejo establece que «se entregue al reclamante copia de los correos electrónicos institucionales enviados y recibidos entre el 14 de octubre y el 18 de octubre de 2024, entre las personas individualizadas, que digan relación con las gestiones de reemplazo del exsubsecretario Manuel Monsalve», con la posibilidad de excluir información de carácter sensible o relativa a materias de inteligencia, relaciones internacionales, seguridad y orden público.
Sin embargo, el abogado del CDE, Marcelo Chandía Peña, interpuso el reclamo señalando que la decisión del CPLT es “manifiestamente ilegal” y que obliga a la Presidencia a entregar información no amparada por la Ley de Transparencia. En el documento presentado a la Corte, se argumenta que la información solicitada “está revestida de una alta sensibilidad”, dada la calidad de colaboradores directos del Presidente de la República que ostentan Durán y Crispi.
El reclamo invoca la causal de reserva establecida en el artículo 21 Nº3 y Nº4 de la Ley de Transparencia, referida a la afectación de la seguridad nacional y al interés nacional. “El Consejo para la Transparencia resolvió este caso de forma ilegal, exigiendo la entrega de correos electrónicos que no corresponden, contraviniendo además normas sobre transparencia y fundamentación administrativa”, se lee en el documento judicial.
Reacción de Lagomarsino
Consultado por la apelación de la Presidencia, el diputado Lagomarsino respondió con dureza: “Por la boca muere el pez. El Frente Amplio fue muy crítico de la no entrega de correos durante la pandemia, y ahora están haciendo exactamente lo mismo. A veces las críticas destempladas hay que pensarlas dos veces”.
Lagomarsino sostuvo que su intención es confirmar si efectivamente se realizaron gestiones desde el 14 de octubre, fecha en que se habría encargado iniciar la búsqueda de un reemplazo para Monsalve, hasta el 18 del mismo mes, cuando finalmente se le solicitó su renuncia. “Tampoco es que pidamos correos de 2-3 meses. Es súper específico”, afirmó el parlamentario, quien advirtió que llevará el caso hasta las últimas instancias para obtener los antecedentes solicitados.
La Corte de Apelaciones deberá ahora pronunciarse sobre el fondo del reclamo y decidir si acoge la postura del Ejecutivo o respalda la resolución del CPLT.
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