Un panel del Tribunal de Comercio Internacional, con sede en Manhattan, emitió este miércoles un fallo que bloquea los denominados aranceles del “Día de la Liberación”, una medida promovida por el presidente Donald Trump que buscaba imponer impuestos generalizados a las importaciones de países con superávit comercial frente a Estados Unidos.
La decisión, tomada por unanimidad por tres jueces federales, establece que Trump excedió su autoridad constitucional al tratar de aplicar unilateralmente aranceles sin la aprobación del Congreso. El fallo subraya que la Carta Magna otorga exclusivamente al poder legislativo la facultad de regular el comercio internacional, incluso en contextos de emergencia.
Este revés judicial representa el primer gran obstáculo legal para la política arancelaria de Trump en su segundo mandato. La demanda fue presentada por el Liberty Justice Center en nombre de cinco pequeñas empresas que alegaron haber sido severamente afectadas por los aranceles, los cuales fueron anunciados el pasado 2 de abril con una tasa base del 10 %, y tarifas más altas dirigidas a países como China y miembros de la Unión Europea.
El presidente justificó la medida bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA), argumentando que los déficits comerciales y amenazas externas como los cárteles de droga mexicanos constituían “emergencias nacionales”. No obstante, el tribunal desestimó esa interpretación, señalando que los déficits comerciales no califican como una “amenaza inusual y extraordinaria” según lo estipulado en la ley.
“El presidente no puede atribuirse facultades que la Constitución reserva al Congreso”, concluye el fallo. “La IEEPA no autoriza la imposición de aranceles como respuesta a desequilibrios comerciales”.
Desde la administración Trump se anticipa una apelación. Portavoces del gobierno señalaron que existen precedentes —como el uso de aranceles por parte del expresidente Richard Nixon en 1971— que respaldan el accionar del Ejecutivo, y que consideran que la determinación de una emergencia es una cuestión política, no judicial.
Los aranceles del “Día de la Liberación” provocaron una respuesta inmediata en los mercados financieros globales, generando volatilidad y llevando a diversos economistas a reducir sus proyecciones de crecimiento para la economía estadounidense. No obstante, hasta ahora, el impacto económico directo ha sido limitado.
Paralelamente, al menos siete demandas más han sido interpuestas en tribunales federales contra los aranceles. Una coalición de una docena de estados, encabezada por Oregón, también desafió la legalidad de la medida. “Esta sentencia reafirma que nuestras leyes son importantes y que las decisiones comerciales no pueden tomarse según el capricho del presidente”, declaró el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield.
El fallo plantea un precedente clave sobre los límites del poder presidencial en materia comercial y podría redefinir el alcance de la IEEPA, utilizada por múltiples administraciones para justificar acciones económicas sin aprobación legislativa.
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