El presidente de Evolución Política (Evópoli), Juan Manuel Santa Cruz, se sumó a las críticas por el anuncio del Presidente Gabriel Boric respecto al cierre del penal Punta Peuco, donde actualmente se encuentran personas condenadas por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

Santa Cruz enfatizó la importancia de mantener una correcta segregación penitenciaria, afirmando que los internos deben ser ubicados de acuerdo al tipo de delito que han cometido. “Técnicamente, en los recintos penitenciarios debieran estar por el tipo de delito que hacen”, señaló el timonel de Evópoli.

Condiciones del penal y falta de viabilidad técnica

El dirigente también argumentó que las condiciones actuales del recinto no permiten ampliar su capacidad ni recibir a nuevos reclusos, apuntando a problemas estructurales de abastecimiento.

  • “Los pozos de la zona están completamente secos. A la cárcel hay que entregarle agua a partir de camiones aljibes. Por esas razones, técnicamente no se puede ampliar el lugar ni habilitar para recibir a más presos”, sostuvo.

Santa Cruz afirmó que estas limitaciones habían sido reconocidas por el propio Gobierno meses atrás. “Eso lo dice el mismo Gobierno hace menos de un año, y resulta que ahora escuchamos este anuncio en la Cuenta Pública”, criticó.

Acusación de contradicción

El líder de Evópoli también apuntó a la falta de coherencia entre el anuncio presidencial y las declaraciones previas de autoridades del Ejecutivo, en particular del ministro de Justicia, Luis Cordero.

  • “El mismo ministro, antes de que fuera ministro de Seguridad, declaraba que esto no iba a ocurrir. Por eso, lo que me llama la atención es la contradicción del Presidente”, concluyó.

Contexto

El anuncio sobre el cierre de Punta Peuco ha generado una ola de reacciones políticas, especialmente desde la oposición, que acusan al Ejecutivo de actuar con un sesgo político y no técnico en una materia delicada y sensible para el país. Desde el oficialismo, en tanto, se ha defendido la medida como parte de una política de derechos humanos coherente con los principios del gobierno.

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