La organización no gubernamental Foro Penal informó que actualmente existen 927 personas encarceladas por razones políticas en Venezuela, según su más reciente balance. La cifra representa un aumento de cinco nuevos detenidos en comparación con la semana anterior, lo que refleja la continuidad de la política de represión ejercida por el régimen de Nicolás Maduro.
Del total de presos políticos, 831 son hombres y 96 mujeres; 922 son adultos y cinco son adolescentes con edades entre 14 y 17 años. Asimismo, se detalló que 758 son civiles y 169 militares, y al menos 82 detenidos poseen doble nacionalidad.
Según Foro Penal, la mayoría de estas detenciones ocurrieron tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, proclamó la reelección de Nicolás Maduro, pese a que la oposición denunció fraude electoral y aseguró que el vencedor fue Edmundo González Urrutia.
Desde entonces, el Palacio de Miraflores ha desplegado una ola de represión que ha dejado miles de arrestos arbitrarios, como parte de los 18.409 casos documentados por Foro Penal desde 2014. La líder opositora María Corina Machado calificó esta situación como una política sistemática de “terrorismo de Estado”.
En paralelo, el chavismo ha intensificado los ataques contra organizaciones de derechos humanos. El pasado miércoles, el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, acusó a varias ONG —entre ellas Provea, Foro Penal, Médicos Unidos y Maracaibo Posible— de formar parte de una presunta “estructura terrorista”. Según Cabello, estas organizaciones estarían involucradas en un supuesto complot para sabotear las elecciones regionales y legislativas del pasado 25 de mayo, que registraron una participación históricamente baja.
El funcionario afirmó que las pruebas de esta conspiración fueron extraídas del teléfono del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, recientemente detenido y señalado como el principal responsable del presunto plan. Cabello incluso aseguró que se planeaban ataques contra embajadas de Colombia, España, Francia y oficinas de la ONU en Caracas.
El fiscal general, Tarek William Saab, respaldó las acusaciones y confirmó la detención de Eduardo Torres, abogado y miembro de Provea, por su presunta vinculación con los supuestos planes para desatar violencia durante los comicios.
Ante estos señalamientos, el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, rechazó categóricamente las acusaciones, calificándolas como parte de una estrategia de criminalización y estigmatización de las organizaciones de derechos humanos. “En Foro Penal rechazamos (…) con firmeza que se nos llame terroristas. Nunca, jamás, hemos promovido la violencia”, declaró Romero, quien insistió en que su labor se basa en la Constitución y los tratados internacionales.
Romero también expresó su solidaridad con las ONG atacadas por el chavismo y llamó a la comunidad internacional a proteger la integridad de sus miembros, para que puedan seguir ejerciendo su labor sin temor a represalias. “Eso debe cesar y así lo hemos requerido ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y otras entidades nacionales e internacionales”, concluyó.
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