La permanencia de Claudio Orrego como gobernador metropolitano pende de una firma. Así lo reconocen internamente en el Consejo Regional (Core), donde crece la presión política luego de un informe de la Contraloría General de la República que detectó presunto uso de recursos públicos en su campaña de reelección.
El documento del organismo reveló que el GORE destinó más de $31 millones a una asesoría con Vera y Asociados S.A., cuyo objetivo era el fortalecimiento institucional. No obstante, parte de las sesiones de “coaching directivo” contenidas en el informe habrían abordado directamente estrategias de campaña, lo cual “no se aviene con la finalidad y objetivos de esa entidad”, advirtió Contraloría. El caso ya fue derivado al Ministerio Público.
Frente a este escenario, el Partido Republicano lidera un intento por destituir a Orrego vía el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), pero aún no cuenta con los votos necesarios. La ley exige el respaldo de al menos un tercio del Consejo Regional (12 firmas) y los republicanos solo tienen 11 consejeros.
Por ello, los contactos con Chile Vamos se han intensificado. La UDI y Renovación Nacional (RN) cuentan con 10 votos en conjunto (6 RN y 4 UDI). Las definiciones en estas colectividades están siendo tomadas incluso a nivel de sus directivas nacionales.
Fuentes internas aseguran que la UDI ya estaría inclinándose por sumarse a la acusación, aunque con cautela para asegurar su éxito. El consejero UDI Álvaro Bellolio, quien lidera el análisis en el partido, indicó que esperarán las respuestas del gobernador Orrego, las que serán entregadas este 11 de junio en un nuevo Consejo Regional. “Es positivo para la democracia y la transparencia que estas decisiones puedan ser evaluadas por las instituciones competentes, como el Tricel o la Fiscalía”, afirmó Bellolio.
En tanto, desde RN la postura es más reservada. La consejera Valeria Ponti aseguró que están revisando los antecedentes junto a la directiva nacional del partido, compuesta por Rodrigo Galilea y Andrea Balladares, para tomar una decisión informada. El análisis continuará el próximo lunes en una reunión de bancada.
La estrategia utilizada por los republicanos busca replicar la fórmula que derivó en la destitución de la exgobernadora de Coquimbo, Krist Naranjo, proceso que tomó más de un año y terminó con su salida del cargo.
Por el lado del oficialismo, reina la cautela. La jefa de bancada del Frente Amplio, Ximena Peralta, indicó que solicitaron el documento completo con las respuestas de Orrego, además de más antecedentes sobre contratos con Vera y Asociados. Recalcó que no se tomarán decisiones hasta contar con todos los documentos y adelantó que, mientras tanto, se evaluarán caso a caso los nuevos proyectos impulsados por el Gobierno Regional.
Por ahora, el destino político de Orrego dependerá de si se logra reunir la firma número 12 que permita activar formalmente la solicitud de destitución ante el Tricel.
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