La Fiscalía de Bolivia abrió una investigación penal contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, terrorismo y otros cargos, en el contexto de las protestas y bloqueos realizados por sus seguidores en rechazo a su inhabilitación como candidato presidencial para las elecciones de agosto.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó este lunes en una conferencia de prensa que se admitió el caso presentado por el Ministerio de Justicia el pasado 5 de junio. Si bien no se detalló si todos los cargos fueron aceptados, la denuncia incluye también atentados contra la seguridad de los servicios públicos y obstaculización de procesos electorales.
La acusación se basa en un audio difundido por un ex dirigente cercano a Morales, en el que supuestamente se escucha al exmandatario instruir a un seguidor a cortar rutas, cercar la ciudad de La Paz y ejecutar una “batalla final”. El entorno del líder cocalero negó la veracidad del audio, señalando que se trata de un montaje elaborado con inteligencia artificial. Morales, por su parte, acusó al Gobierno de “montar casos” para desprestigiarlo.
En el mismo proceso judicial también se incluye a la dirigente cocalera Suset Rodríguez, quien presuntamente habría dado instrucciones para tomar los domicilios de autoridades y personas ligadas al gobierno de Arce, supuestamente por órdenes de Morales.
Esta nueva investigación se suma a otra causa abierta contra el exmandatario, en la que se lo acusa de trata y abuso sexual a una menor de edad durante su mandato presidencial, con una orden de aprehensión vigente. Morales permanece resguardado en la zona cocalera de Cochabamba, donde sus seguidores impiden su detención.
Protestas del “evismo” y crisis nacional
La investigación surge en medio de una ola de protestas que ya cumple dos semanas, con bloqueos de carreteras principalmente en Cochabamba, bastión político del exmandatario. Las movilizaciones exigen la habilitación de Morales como candidato, tras un fallo judicial que le impide postularse por haber ejercido la Presidencia durante tres mandatos, cuando la ley boliviana establece un máximo de dos, consecutivos o no.
Los seguidores de Morales consideran que el fallo es inconstitucional y han intentado forzar su habilitación con marchas, bloqueos y amenazas a los vocales del Tribunal Supremo Electoral.
Además del “evismo”, otros sectores se han sumado a las protestas. En Santa Cruz, región productiva del oriente, se realizan piquetes para exigir mayor dotación de diésel. También se reportan cortes en la ruta hacia Perú, al oeste del país.
En La Paz, sede de Gobierno, este lunes se registraron tres marchas masivas simultáneas protagonizadas por gremiales, médicos y campesinos. Las protestas reflejan el descontento por el aumento del precio del dólar en el mercado paralelo, el desabastecimiento de combustible y la creciente inflación que afecta la canasta familiar. La crisis económica se ha agudizado en los últimos meses, agravando el malestar social.
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