La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, afirmó este martes que la vida de los chilenos “cambió para peor” tras el estallido de 2019 y que existen sectores políticos que deben rendir cuentas por su rol en esos hechos.
“Todas las personas que me rodean saben que después del estallido su vida ha cambiado para peor. El estallido lo único que hizo fue traerles problemas”, señaló la alcaldesa de Providencia en una actividad realizada en San Miguel.
Matthei agregó que “claramente aquí hay sectores políticos que tienen que dar cuenta de su actuación durante toda esa época, como bien lo señaló Óscar Landerretche”, en referencia al economista y ex presidente de Codelco.
Encuestas, campaña y fair play
Consultada por los últimos resultados de la encuesta Cadem, que muestran a José Antonio Kast superándola por primera vez en intención de voto, Matthei aseguró que su campaña está recién comenzando y que seguirá desplegando a sus equipos por todo el país.
“Mi campaña está recién empezando, la inscribimos la semana pasada, estamos recién terminando de tener los equipos y, por tanto, no me cabe ninguna duda que vamos a andar muy bien”, afirmó. Además, recalcó su compromiso con una campaña limpia: “Nunca he creído en las zancadillas, me cargan”.
Sobre la incorporación de Carol Vargas, ex administradora municipal de Providencia, como jefa de gabinete, la candidata señaló escuetamente que “el equipo está creciendo” y que el foco estará en el despliegue territorial.
Propuestas contra la corrupción
Desde San Miguel, Matthei presentó un paquete de medidas contra la corrupción, destacando la urgencia al proyecto “antipitutos” impulsado por Chile Vamos, que contempla inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos a quienes cometan delitos en el Estado.
Entre las propuestas se encuentran:
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Transparencia total para fundaciones y ONGs que reciban recursos públicos.
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Levantamiento del secreto bancario de autoridades formalizadas por corrupción, con autorización judicial en menos de 24 horas.
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Reducción de gastos reservados y auditoría obligatoria por parte de la Contraloría.
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Publicación y auditoría ciudadana de todos los contratos públicos.
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Reducción del presupuesto del gobierno central en US $500 millones mediante recortes en personal, bienes, servicios y asesores a honorarios.
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Tope de sueldos en el sector público, evitando que algún funcionario gane más que el Presidente, sin bonos ocultos ni asignaciones disfrazadas.
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Límite al empleo público, con una tasa de crecimiento no superior a la del empleo privado y un tope anual del 1%.
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Control del ausentismo laboral y de las licencias médicas falsas en el sector público.
Asimismo, propuso rediseñar el sistema de compras, contrataciones y licitaciones del Estado para “cerrar vacíos que hoy permiten una corrupción legalizada”, y planteó una reestructuración del aparato estatal que incluye la fusión de ministerios bajo figuras como biministros o triministros.
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