El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, presentó este miércoles una extensa exposición ante el pleno del Consejo Regional (CORE), con el fin de aclarar los cuestionamientos realizados por la Contraloría General de la República sobre contratos por asesorías realizadas a través de la consultora Vera y Asociados, incluyendo sesiones de coaching ontológico con presuntas referencias políticas.
La cita fue convocada tras una solicitud de consejeros de la UDI, quienes evalúan adherir a la ofensiva legal del Partido Republicano ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para que se pronuncie sobre la legalidad de los actos del gobernador.
La defensa de Orrego
Durante su intervención, Orrego aseguró que las contrataciones cuestionadas tienen un contexto más amplio. “La Contraloría dice: ‘vi un par de asesorías de 2024 y al leer los contenidos me parece que no se ajustan al propósito del contrato porque serían de carácter político’”, explicó.
El gobernador detalló que el trabajo con Vera y Asociados comenzó en 2021 e incluyó “seis jornadas de planificación estratégica, reuniones, talleres, sesiones de coaching para 15 directivos en cuatro años y test psicolaborales para 24 personas”, gestionadas a través de 10 contratos por un total de $232.285.678, de los cuales $58 millones fueron destinados a “gastos logísticos”.
Orrego además negó vínculos políticos del consultor Juan Vera y afirmó que, además de acatar las medidas solicitadas por Contraloría, presentarán un escrito de reconsideración “en aquellos puntos en que tenemos diferencias”.
Críticas de la oposición
El debate que siguió a la presentación estuvo marcado por duras críticas desde la oposición. El consejero republicano Ignacio Dülger advirtió que hay “un manto de duda gigantesco” no solo por el informe de Contraloría, sino por otros antecedentes en poder del Ministerio Público, como el caso ProCultura. “Vamos a usar todas las herramientas para que la imagen de probidad del gobierno regional se mantenga”, afirmó.
Sergio Morales, también de Republicanos, cuestionó “una decena de tratos directos millonarios, algunos de hasta $200 millones”, y anunció que presentarán estos antecedentes a la Contraloría: “¿Qué significa ‘confianza en el proveedor’? Esto va en contra de todo principio de transparencia”.
El también republicano Víctor Valdés aseguró que se detectaron tratos directos por $3.200 millones entre 2023 y 2024, y denunció la compra de dos camiones por $18 millones cada uno que no aparecen registrados: “¿Le parece que tratos a dedo por hasta $500 millones representan transparencia?”, le preguntó al gobernador.
Desde la UDI, el consejero Álvaro Bellolio criticó la falta de profesionalismo del sitio web de AJEM —otro proveedor del Gobierno Regional— y pidió los registros de las 52 sesiones de coaching realizadas. También exigió aclarar el rol de otras empresas contratadas, como IDOM, y posibles vínculos personales.
Llamados a mayor fiscalización
Desde Renovación Nacional, la consejera Nebbia Otárola llamó a fortalecer el rol fiscalizador del CORE y exigió “que toda acción administrativa y contractual esté sujeta a los más altos estándares de legalidad y ética”.
La consejera comunista María Eugenia Puelma señaló que el informe de Contraloría fue “estupefaciente” y pidió elevar el debate desde una mirada ética: “No se trata solo de legalidad, sino de justicia social”, apuntó.
Por su parte, la representante del Frente Amplio, Ximena Peralta, informó que su bancada acordó exigir todos los antecedentes del caso, incluyendo el preinforme de Contraloría y los contratos con Vera y Asociados: “Si algo se pagó con fondos públicos, tenemos el derecho a conocer todo el detalle”.
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