Parlamentarios de oposición exigieron penas de cárcel para los dos hombres que serán formalizados por presentar documentación falsa con el objetivo de acceder a pensiones de gracia otorgadas a víctimas del estallido social de 2019. Además, lanzaron duras críticas al Gobierno, acusándolo de haber promovido y legitimado esas manifestaciones.
El próximo 24 de julio, en el Juzgado de Garantía de Temuco, la Fiscalía Metropolitana Occidente formalizará a los imputados por haber entregado antecedentes incompletos o manipulados para recibir este beneficio estatal, destinado a personas que resultaron heridas durante las protestas.
La noticia generó inmediatas reacciones entre parlamentarios opositores, quienes solicitaron sanciones ejemplares. “A esta gente hay que meterla presa, no solo destruyeron un país. Esto fue un estallido delincuencial. El que quiere decir que fue la sociedad chilena la que marchó, que recuerde que eso pasó un solo día. El resto fue organizado para derrocar un gobierno”, declaró el diputado Miguel Mellado (RN).
En la misma línea, el diputado Henry Leal (UDI) sostuvo que “no hay ninguna justificación para este tipo de ardil. Yo espero que los formalizados sean condenados ejemplarmente”, y acusó a los implicados de “falsificar antecedentes fingiendo ser víctimas para cobrar pensiones del Estado con recursos públicos”.
Desde el partido Amarillos, el diputado Andrés Jouannet fue más allá, atribuyendo responsabilidad política directa al Ejecutivo: “Una de las peores cuestiones que pasó en Chile fue el mal llamado estallido social. El país retrocedió y comenzó la polarización. Esto fue alentado por quienes hoy gobiernan, especialmente el Presidente de la República”.
Mellado también apuntó directamente contra el mandatario Gabriel Boric, a quien acusó de haber “apoyado a la primera línea” durante el estallido, y afirmó que “cuando usted (Boric) sea de oposición, no vuelva a azuzar a la gente a las calles como lo hizo”.
Por su parte, el diputado Andrés Longton (RN) afirmó que este caso demuestra que “muchas de estas supuestas víctimas eran delincuentes que defraudaron al Estado”, y acusó al Gobierno y al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de entregar “millonarias pensiones” sin la debida fiscalización.
Finalmente, el diputado Víctor Pino aseguró que el proceso de entrega de pensiones “ha estado viciado desde el inicio”, acusando que más de $2.300 millones anuales fueron destinados a este programa. Además, criticó al INDH, acusando que en varios casos no se realizaron las investigaciones necesarias y que incluso algunas cartas de solicitud fueron redactadas por el propio organismo, y no por los supuestos afectados.
Las declaraciones se dan en el marco del cierre del proceso de investigación y de la formalización judicial que se avecina. Mientras tanto, el Gobierno no se ha pronunciado oficialmente sobre este caso puntual, aunque ya ha sido objeto de cuestionamientos por la entrega de pensiones vinculadas al estallido.
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