La mañana del lunes, y mientras se encontraba en terreno en Pudahuel por la emergencia climática, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, fue alertado de una diligencia judicial que lo tenía como objetivo. Efectivos del OS-7 de Carabineros, por instrucción de la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, llegaron a su domicilio y a las oficinas del Gobierno Regional Metropolitano (GORE) para incautar dispositivos electrónicos en el marco de una investigación por presunto fraude al Fisco.
La investigación se basa en un informe de la Contraloría, que detectó el uso de $109 millones para una asesoría sobre liderazgo y competencias directivas, que habría sido utilizada en realidad para diseñar estrategias electorales en la campaña de reelección de Orrego.
Entrega voluntaria de dispositivos
Aunque se había solicitado una orden judicial para realizar un allanamiento, no fue necesario llegar a esa instancia. Orrego y su abogado, José Pedro Silva, decidieron colaborar y entregaron voluntariamente el celular y el computador personal del gobernador, lo mismo que cinco directivos de su equipo, quienes también entregaron sus dispositivos sin orden judicial.
- “El que nada hace, nada teme”, ha reiterado Orrego en los últimos días, reafirmando su disposición a colaborar con la Fiscalía.
Carabineros accedió además a los servidores del GORE, desde donde extrajeron correos electrónicos y documentos relacionados con los contratos investigados.
- “Nos llevamos una serie de archivos y documentos que tienen relación con la materia investigada”, explicó la fiscal Encina, quien recalcó que Orrego mantiene la calidad de imputado.
Versión del Gobierno Regional
Desde el equipo del gobernador se aclaró que no se trató de un allanamiento, ya que no existió orden judicial. A través de un comunicado, indicaron:
- “El gobernador Claudio Orrego ofreció voluntariamente declarar y entregar sus dispositivos electrónicos. Esta diligencia fue coordinada con la Fiscalía. Seguiremos colaborando activamente para esclarecer los hechos”.
Por su parte, su abogado afirmó:
- “El jueves declararemos ante la Fiscalía para demostrar la absoluta inocencia del gobernador. Aquí no se usaron fondos públicos para una campaña”.
Consejo Metropolitano analiza destitución
Paralelamente, en el Consejo Regional Metropolitano (CORE) se aprobó la creación de una comisión fiscalizadora para investigar los antecedentes del Informe de Contraloría N°873, en medio de las solicitudes de destitución impulsadas por Chile Vamos y el Partido Republicano.
El oficialismo insistió en que la revisión se limite al informe de Contraloría y no se amplíe a otros casos, como el de Fundación ProCultura. Este miércoles, el consejo pleno definirá la conformación de la comisión, que podrá sesionar por 45 días.
Renuncia de funcionaria clave
Durante la misma jornada, se conoció la renuncia de Mayuri Reyes, jefa de la División de Presupuesto e Inversión del GORE, tras revelarse su vínculo societario con José Solís Venegas, uno de los dueños de la consultora AJEM, contratada directamente por el Gobierno Regional en dos oportunidades durante 2024.
AJEM fue beneficiada con contratos por más de $109 millones para asesorías sobre cierre de proyectos FNDR, uno de los cuales fue aprobado y firmado por la propia Reyes en noviembre de 2023.
- “Se solicitó la renuncia de la jefa de Presupuesto e Inversión Regional”, confirmó el Gobierno Regional en un correo dirigido a los consejeros.
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