Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron este lunes la prisión domiciliaria de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, solicitando que sea enviada a una cárcel común, según informó el portal Ámbito.
De acuerdo al reporte, los fiscales también pidieron, en caso de mantenerse el beneficio domiciliario, que se cambie el lugar donde cumple la pena, ya que consideran que su domicilio actual presenta problemas de seguridad.
Manifestaciones y seguridad
Para respaldar su solicitud, Luciani y Mola adjuntaron fotografías de las masivas manifestaciones de apoyo realizadas en las afueras del edificio donde reside la exmandataria desde que comenzó a cumplir su arresto domiciliario, el pasado 17 de junio. A juicio de los fiscales, estas concentraciones afectan la tranquilidad del barrio y ponen en riesgo incluso la integridad de Fernández de Kirchner.
La expresidenta comenzó a cumplir la pena tras la validación de la condena por parte de la Corte Suprema de Justicia, la cual confirmó la sentencia que la condena a seis años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en un caso de corrupción durante su mandato.
La defensa alega edad y antecedentes de seguridad
La defensa de Fernández de Kirchner recordó que las personas mayores de 70 años pueden acceder al beneficio de prisión domiciliaria, y que la exmandataria tiene actualmente 72 años. Además, enfatizaron razones de seguridad, citando el atentado que sufrió en septiembre de 2022.
El juez Jorge Gorini avaló que la exjefa de Estado cumpla la pena en su domicilio del barrio Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires. Aunque cuenta con custodia permanente por su condición de expresidenta, también le fue impuesta una tobillera electrónica para garantizar que no abandone el domicilio bajo ninguna circunstancia.
Insistencia de los fiscales
Desde que se conoció el fallo de la Corte Suprema, Luciani y Mola han insistido en que Fernández de Kirchner debe ser trasladada a una prisión común, posición que reiteraron formalmente este lunes ante el tribunal, lo que reabre el debate judicial sobre el cumplimiento de la condena.
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