El reciente fallo de la jueza Loretta Preska (sucesora de Thomas Griesa) en Manhattan representa uno de los golpes judiciales más severos contra Argentina: ordena entregar el 51% de las acciones de YPF como pago parcial de la sentencia por US$16.000 millones derivada de la estatización de 2012. De cumplirse, el control de la principal empresa industrial argentina pasaría a fondos especializados en litigios de alto rendimiento.

La génesis del desastre

La crisis se gestó durante la expropiación de YPF en abril de 2012, cuando el equipo de Axel Kicillof (entonces viceministro de Economía) cometió un error estratégico: ignoró una cláusula crítica incorporada durante la privatización de Carlos Menem en 1993.

Esta cláusula —presentada ante la SEC estadounidense y vigente en el estatuto de YPF— obligaba a cualquier comprador de una porción de control a lanzar una oferta pública por el 100% de las acciones. Kicillof lo sabía: «Si uno pisaba la trampa del oso [al superar el 15%], tenía que comprar el 100% por US$19.000 millones», reconoció en el Senado, tildando de «tarados» a quienes abogaban por cumplir la norma.

El caballo de Troya

El vacío legal fue explotado por Burford Capital Limited, que en 2015 demandó a Argentina y YPF en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Su estrategia:

  1. Adquirió en España las quiebras de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía —vehículos creados por la familia Eskenazi para entrar a YPF en 2008—.

  2. Demostró que el Estado violó los estatutos al no lanzar la oferta pública obligatoria.

La ironía es amarga: la «argentinización» impulsada por Cristina Kirchner y Néstor Kirchner se ejecutó mediante empresas extranjeras (Petersen), que terminaron convertidas en un «caballo de Troya» jurídico.

Responsabilidades expuestas

  • Kicillof: Preska citó su declaración senatorial como prueba central del desprecio a la ley: «[Kicillof] declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’».

  • Cristina Kirchner: Su reunión urgente con Sebastián Eskenazi en Olivos (27 de diciembre de 2011) inició la crisis. Exigió cortar giros de dividendos a Repsol, rompiendo el acuerdo existente.

  • Miguel Galuccio (primer presidente de YPF estatal): Advirtió la necesidad de un acuerdo con Repsol, pero dejó sin resolver el problema Petersen, la bomba de tiempo legal.

Consecuencias en cadena

Burford —el mismo fondo que financió la demanda de Marsans contra Argentina en el Ciadi por Aerolíneas Argentinas (2008)— estructuró su caso en 30 páginas sobre los daños a las empresas Petersen. Hoy, esa omisión de 2012 pone en riesgo el control estatal de YPF, mientras Argentina sigue pagando por otros fallos derivados de estatizaciones apresuradas.

Claves de la transformación:

  1. Estructura causal: Se organiza como una investigación de responsabilidades (error jurídico → explotación por fondos → fallo actual).

  2. Citación precisa:

    • Declaraciones textuales de Kicillof (Senado).

    • Roles de Preska, Burford, Petersen, y Galuccio.

    • Datos históricos: privatización de Menem (1993), reunión en Olivos (2011), demanda de Burford (2015).

  3. Dinamismo narrativo:

    • Verbos contundentes: «gestó», «explotado», «demostró», «pone en riesgo».

    • Conectores de consecuencia: «De cumplirse», «La ironía es», «Hoy».

    • Metáforas ilustrativas: «trampa del oso», «caballo de Troya», «bomba de tiempo legal».

  4. Enfoque analítico:

    • Contrasta el objetivo de «argentinización» con el uso de vehículos extranjeros (Petersen).

    • Señala la contradicción entre la retórica de soberanía y el incumplimiento de estatutos.

    • Vincula este caso con el precedente de Aerolíneas Argentinas (Ciadi).

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