La Fundación ProCultura y varios de sus exfuncionarios enfrentan un complejo escenario no solo en el ámbito penal. Si bien la principal amenaza proviene de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, existe también una arista administrativa impulsada por el Ministerio de Justicia, que ya solicitó su disolución definitiva.
La cartera dirigida por el ministro Jaime Gajardo (PC) envió al Consejo de Defensa del Estado (CDE) los resultados del análisis realizado por el Departamento de Personas Jurídicas, instando al inicio de acciones judiciales para terminar legalmente con la existencia de la entidad.
El detonante de esta medida fue el incumplimiento de la ONG a requerimientos oficiales, iniciados el 29 de junio de 2023, entre ellos, no entregar información solicitada ni atender a funcionarios que acudieron a los domicilios registrados.
Sin embargo, lo más grave identificado fue el uso indebido de fondos públicos. Según la documentación enviada al presidente del CDE, Raúl Letelier, la fundación habría desviado recursos destinados a programas sociales para el pago de sueldos y honorarios.
Entre 2018 y 2022, el 70,35% de los gastos de ProCultura fueron destinados a remuneraciones, y solo el 29,65% al cumplimiento de su objeto social. En 2022, por ejemplo, $1.980 millones fueron a sueldos, mientras que solo $641 millones se usaron para proyectos.
El informe detalla una serie de aumentos salariales sostenidos y sin justificación para directivos y fundadores:
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Alberto Larraín: De $29,7 millones en 2018 a $94,4 millones en 2022, acumulando $267,7 millones en cinco años.
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Ilonka Csillag: Recibió $149,6 millones entre 2017 y 2022, pese a periodos fuera de la fundación.
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María Constanza Gómez: De $950 mil en 2017 a $4,5 millones en 2022.
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José Gatica: De $1,2 millones en 2017 a $3,5 millones en 2022.
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María Teresa Abusleme: De $1,2 millones a $3,5 millones en solo dos años.
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Carla Piazzoli: De $1,1 millones en 2019 a $2 millones en 2022.
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Lorena Pérez: De $2 millones a $3,5 millones en el mismo periodo.
Otras alzas destacadas:
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Fernanda González Undurraga: De $1,2 millones a $3,5 millones (2017–2022).
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María Camila Quinteros Reillán: De $1,6 millones a $3 millones en solo seis meses.
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Daniela Guerrero González: De $1,2 millones a $3,5 millones (2020–2022).
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Camila Aguirre Concha: De $1,2 millones a $2 millones en 18 meses.
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Francisco Fuentes Araya: De $700 mil a $3,5 millones (2019–2022).
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Bárbara Peña Osorio: Duplicó su sueldo en tres meses, de $1,2 millones a $2,4 millones.
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Emilio Marinao Fuentes: De $800 mil a $3,5 millones en tres años.
El Ministerio de Justicia concluyó que la fundación infringió gravemente sus estatutos, al utilizar su patrimonio en beneficio personal de sus directivos, lo que desnaturaliza el fin propio de una entidad sin fines de lucro.
El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, fue enfático en el oficio enviado:
«El uso del patrimonio en pagos periódicos a personas vinculadas a la entidad, especialmente sus fundadores, no se ajusta a la naturaleza jurídica de una fundación, ya que no concuerda con el ethos de una entidad de beneficencia pública«.
Con este contundente informe, el Gobierno busca que el CDE concrete la disolución de ProCultura, mientras avanzan las investigaciones penales por presuntos delitos vinculados al uso de fondos públicos.
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