En uno de los actos más controvertidos de su gestión, la presidenta peruana Dina Boluarte aprobó un incremento de su salario presidencial, duplicando su remuneración mensual a solo un año de finalizar su mandato. La medida, adoptada mientras la mandataria ostenta apenas un 3 % de aprobación y el país enfrenta una crisis de seguridad marcada por el avance del crimen organizado, desató un amplio rechazo social y político.

El gobierno confirmó que el sueldo de Boluarte pasará de 15.600 soles a 35.568 soles mensuales —de aproximadamente 4.400 a 10.000 dólares—. La decisión fue tomada durante la reunión semanal del Consejo de Ministros, según informó el ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, en conferencia de prensa.

El Ejecutivo justificó el aumento argumentando que el salario presidencial estaba congelado desde 2006. No obstante, el nuevo monto equivale a más de 31 sueldos mínimos peruanos, una proporción que ha intensificado las críticas. Un estudio del Instituto de Estudios Peruanos, publicado en mayo, reveló que el 94 % de los ciudadanos se opone a que la mandataria reciba un incremento salarial.

Pérez-Reyes defendió la medida con un argumento comparativo: “Se ha establecido una metodología con los salarios en dólares de los presidentes de 12 países latinoamericanos”, indicando que Boluarte ocupaba el puesto 11 en ese ranking. Como referencia, el presidente argentino Javier Milei percibe un ingreso mensual de alrededor de 3.200 dólares, según datos oficiales de marzo.

Las reacciones al anuncio fueron inmediatas. Diversas bancadas parlamentarias expresaron su rechazo, al igual que exfuncionarios del Estado. El exministro de Hacienda, Luis Miguel Castilla, calificó la decisión como “completamente injustificada, en el peor momento posible”, y recordó que la presidenta debería enfocarse en las prioridades nacionales, especialmente considerando su mínimo nivel de apoyo popular.

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