Buscar el propio nombre en Google se ha vuelto una práctica habitual, pero no siempre agradable. En muchos casos, esa simple acción revela noticias, fotografías o datos que ya no reflejan la realidad, afectan la imagen personal o incluso dañan la vida profesional. Para enfrentar estos escenarios, existe el derecho al olvido, una herramienta legal cuyo uso va en aumento en España y Europa.
Este derecho permite solicitar la retirada de ciertos resultados de los motores de búsqueda —como Google o Bing— cuando los datos son inadecuados, irrelevantes o han perdido vigencia. No implica eliminar la información original de la web, sino restringir su aparición al buscar el nombre de la persona afectada, rompiendo así la vinculación directa entre su identidad y contenido perjudicial.
Un derecho consolidado en Europa desde 2014
El derecho al olvido comenzó a consolidarse tras una sentencia clave del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2014, que reconoció el derecho de cualquier ciudadano europeo a solicitar la eliminación de enlaces que afectaran su privacidad. El caso se originó cuando un ciudadano pidió retirar una noticia antigua sobre una deuda ya saldada, cuya información, aunque cierta, había perdido relevancia.
“Aquella sentencia reconoció que los ciudadanos europeos pueden pedir a los motores de búsqueda que retiren ciertos enlaces que afecten negativamente a su privacidad”, explica Manuel Hernández García, director del Bufete Vilches Abogados.
Actualmente, el derecho al olvido está respaldado por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD).
¿Cuándo se puede ejercer este derecho?
Los casos más frecuentes incluyen:
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Noticias de infracciones menores ocurridas hace muchos años
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Fotografías personales compartidas en foros o redes
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Referencias que afectan oportunidades laborales actuales
La normativa contempla la posibilidad de ejercer este derecho cuando se trata de:
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Datos falsos o inexactos
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Información anticuada sin valor actual
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Contenidos que afectan derechos como el honor, la intimidad o la protección de datos
Cada solicitud es evaluada caso a caso por los buscadores y, eventualmente, por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Se analiza la naturaleza de la información, el tiempo transcurrido, el perfil público o privado del solicitante y el daño potencial.
Un delicado equilibrio con la libertad de información
Uno de los mayores desafíos del derecho al olvido es equilibrar la privacidad individual con la libertad de expresión y el derecho a la información. No se puede utilizar esta herramienta para censurar hechos relevantes ni ocultar información de interés general, especialmente si se trata de figuras públicas.
En esos casos, los buscadores pueden negar la solicitud si consideran que la información sigue siendo de interés para la sociedad.
Cómo ejercer el derecho al olvido
Los principales buscadores ofrecen formularios para iniciar el proceso. En el caso de Google, se solicita acreditar la identidad y entregar detalles del contenido que se quiere eliminar. El plazo de respuesta varía entre uno y tres meses.
Si la petición es rechazada, se puede presentar una reclamación ante la AEPD, que evaluará si corresponde ordenar la eliminación.
En redes sociales y foros, el primer paso es contactar directamente a la plataforma. Si no se obtiene respuesta, es posible recurrir a la autoridad competente o explorar acciones legales.
Más personas buscan limpiar su imagen digital
El creciente número de solicitudes muestra la preocupación ciudadana por la huella digital. Aunque borrar el pasado digital no siempre es posible, el derecho al olvido se ha convertido en una vía para recuperar el control sobre la identidad en línea y minimizar los daños duraderos que ciertos contenidos pueden causar.
“Aunque el derecho al olvido no se aplica siempre, cada vez más personas están ejerciendo este derecho para limpiar su imagen digital y proteger su vida personal y profesional”, concluye Hernández García.
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