Los recientes casos de tráfico de drogas detectados en la Fuerza Aérea de Chile (Fach) y el Ejército han encendido las alarmas del Gobierno, especialmente por involucrar a unidades cercanas a la frontera con Bolivia, zona crítica en materia de narcotráfico. Las investigaciones han llevado a detenciones, decomisos de drogas y vehículos, y han expuesto vacíos estructurales en los controles institucionales.
Dos casos en menos de dos semanas
El caso más reciente fue informado por la Fach el pasado sábado. En un comunicado oficial, la institución confirmó que funcionarios de la Brigada Aérea en Iquique intentaron trasladar una sustancia ilícita en un vuelo institucional hacia Santiago.
“Cinco involucrados fueron puestos a disposición de la justicia y privados de libertad”, señaló la Fuerza Aérea.
Sin embargo, la Fach se negó a remitir los antecedentes a la Fiscalía Regional de Tarapacá, lo que llevó a la fiscal regional Trinidad Steinert a presentar un recurso ante la Corte de Apelaciones de Iquique para definir qué organismo liderará la investigación: el Ministerio Público o la Fiscalía de Aviación.
En el caso anterior, conocido el 26 de junio, siete militares y una civil fueron enviados a prisión preventiva por los delitos de tráfico ilícito de drogas y asociación ilícita para el narcotráfico.
La investigación —liderada por la fiscalía de Tarapacá y el OS-7 de Carabineros— determinó que suboficiales del Ejército, en su mayoría pertenecientes a la Segunda Brigada Acorazada “Cazadores”, transportaban droga proveniente de Bolivia hacia Santiago, usando vehículos con compartimentos ocultos.
Durante los operativos se incautaron 161,6 kilos de cocaína, casi 30 kilos de pasta base y tres vehículos avaluados en $40 millones.
Gobierno: “El hecho más grave del que hemos tenido registro”
El ministro de Seguridad, Luis Cordero, calificó el caso como
“el hecho más grave del que hemos tenido registro en el último tiempo”.
Ambos episodios se vinculan con unidades militares emplazadas en zonas estratégicas del norte del país, lo que refuerza las sospechas de una posible infiltración del crimen organizado en sectores de las Fuerzas Armadas.
Transparencia Internacional ya había advertido sobre la vulnerabilidad
En noviembre de 2021, el Índice de Integridad en Defensa (GDI) publicado por Transparencia Internacional ya había advertido que Chile estaba en situación de “alto riesgo” de corrupción en defensa y seguridad.
El informe incluyó a Chile entre el 62% de países con alta vulnerabilidad, destacando graves falencias en control interno, transparencia, formación ética y sanciones claras contra la corrupción.
Entre los principales puntos:
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Códigos de conducta dispersos:
“Los códigos para el personal militar están dispersos en diversas regulaciones, sin ofrecer orientación clara sobre corrupción”.
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Reglamento disciplinario vago:
“Prohíbe la corrupción de forma muy amplia, pero sin detallar delitos como soborno o tráfico de influencias”.
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Falta de protección a denunciantes:
“Débiles mecanismos para reportar irregularidades dentro de las instituciones castrenses”.
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Débil control operativo:
“Resguardos extremadamente débiles contra la corrupción en operaciones militares”.
El informe también recordaba casos emblemáticos como el del “Milicogate”, donde se detectaron malversaciones millonarias a partir de fondos provenientes de la ley reservada del cobre, evidenciando fallas estructurales de prevención y control.
Ministerio de Defensa guarda silencio
Consultado por estos antecedentes, el Ministerio de Defensa no respondió a las solicitudes de este medio. El silencio ha generado aún más cuestionamientos sobre la voluntad política de enfrentar los riesgos de corrupción en defensa, en un contexto de mayor escrutinio público y judicial.
Por qué importa
La gravedad de estos casos no solo compromete la seguridad institucional, sino que también erosiona la confianza pública en sectores clave para la defensa nacional. La posible connivencia con el narcotráfico en unidades militares plantea serios desafíos para la seguridad fronteriza y requiere reformas profundas en supervisión, transparencia y formación ética dentro de las Fuerzas Armadas chilenas.
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