El detonante: Ministra de Defensa Adriana Delpiano y Comandante en Jefe FACh Hugo Rodríguez comparecieron por caso ketamina en avión institucional, en sesión marcada por tensión extrema y cuestionamientos al Presidente Boric por derivar investigación a justicia ordinaria (vs. militar).
Núcleos del Conflicto
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Desautorización presidencial (según oposición):
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Andrés Jouannet (Amarillos): «El Presidente le quitó respaldo a la ministra y a la decisión de mantener el caso en justicia militar».
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Camila Flores (RN): Boric «le quitó el piso a la secretaria de Estado y al comandante».
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Francisco Undurraga (Evópoli): «Se ha pisoteado a la ministra».
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División política irreconciliable:
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Oposición: Acusó injerencia indebida de Boric.
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Gobierno (Carmen Hertz, PC): Criticó «espectáculo político»; Ericka Ñanco (FA): Llamó a «no hacer gallito político al Presidente».
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Dos narrativas sobre competencia judicial:
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Justicia militar: Solicitada inicialmente por FACh por ocurrir en recinto militar con personal uniformado.
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Justicia ordinaria: Ordenada por Boric, respaldada por Delpiano: «No hay mayor problema […] la percepción de protección en justicia militar es falsa».
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Contraste Clave: Caso FACh vs. Caso Ejército
Variable | Caso FACh (ketamina) | Caso Ejército (narcotráfico) |
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Contexto | Uniformados en servicio, avión institucional | Suboficiales en horas libres, sin uniforme/vehículos castrenses |
Antecedentes | «Nos sorprende, no teníamos información» (Delpiano) | Investigado desde enero |
Actuación | Detección inmediata con rayos X y PDI | Sin detalles operativos |
Alerta por Degradación Institucional
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Clima tóxico: Cristhian Moreira (UDI): «Me da vergüenza lo que pasa […] atacar al otro para destruirlo no construye país».
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Desgaste de autoridad: Delpiano denunció trato inédito: «En 35 leyes jamás me sentí en tribunal popular […] me malinterpretan palabra a palabra».
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Falla de gobernanza: Presidente comisión Enrique Lee reconoció ambiente adverso: «No fue el mejor ambiente».
Conclusión Estratégica: Lecciones para Crisis de Gobernanza
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Protocolo urgente: Establecer criterios predefinidos para delitos castrenses (evitar discrecionalidad política que genere fisuras).
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Comunicación de crisis: El gobierno debe evitar mensajes contradictorios entre Presidencia-ministerios-Fuerzas Armadas.
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Salvaguarda institucional: Sesiones investigativas requieren reglas de respeto básico (ej: Moreira: «Tengamos sentimientos por quien está como ministro»).
Riesgo residual: Si la justicia ordinaria procesa a los uniformados, la FACh podría percibirse vulnerada, alimentando narrativas de debilitamiento castrense. La oposición ya tiene el terreno abonado para escalar el conflicto.