El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), envió un oficio a Gabriel Boric solicitando la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), a raíz de los casos que involucran a exfuncionarios del Ejército y la FACH vinculados al narcotráfico y crimen organizado transnacional.
“La infiltración del crimen organizado transnacional en las Fuerzas Armadas y en otros poderes del Estado no es solo un problema policial, es una amenaza real para la seguridad nacional”, sostuvo Castro.
Casos que atentan contra la seguridad del Estado
El diputado también se refirió a la disputa política que ha surgido en torno al caso que involucra a funcionarios de la FACH, destacando que “más allá de quién lidera la investigación, lo verdaderamente urgente es comprender que estamos frente a hechos que atentan directamente contra la seguridad del Estado”.
En ese sentido, justificó su petición señalando que el objetivo es que las máximas autoridades del país puedan reunirse para “evaluar y coordinar medidas que frenen un fenómeno que, de no abordarse con decisión, puede desestabilizar profundamente a Chile”.
“Más allá de mi carácter de presidente, no me puedo inhibir de las facultades que me competen como parlamentario y representante de la región de Antofagasta, que ha sido gravemente golpeada por el crimen organizado transnacional”, concluyó.
¿Qué dice el oficio?
El documento fue firmado por los diputados José Miguel Castro Bascuñán, Henry Leal Bizama, Miguel Mellado Suazo, Joanna Pérez Olea y Cristian Labbé Martínez. En él se advierte que “nuestro país enfrenta una crítica situación con el arribo de la criminalidad organizada transnacional a su territorio”, destacando la presencia en Chile de asociaciones criminales con alto poder de fuego y organización, lo cual ha sido documentado por el Ministerio Público en diversas investigaciones.
“La penetración del crimen organizado transnacional supone una amenaza para la seguridad nacional, no solo por el riesgo directo a la ciudadanía, sino también por su impacto en la seguridad exterior del país”, señala el texto.
Además, el oficio expresa preocupación por los casos recientes en las Fuerzas Armadas, indicando que los funcionarios del Ejército y la FACH involucrados en estas redes “cumplían funciones en reparticiones críticas de sus respectivas instituciones”, lo que incrementa la gravedad de la situación.
“La gravedad de la situación sobrepasa con creces un peligro para la seguridad pública interior, para transformarse en un riesgo para la seguridad y la soberanía nacional, lo que demanda el uso de todas las herramientas del Estado”, concluye el documento.
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