La funcionaria de la Subsecretaría del Interior que denunció al exsubsecretario Manuel Monsalve por presuntos delitos sexuales, fue notificada recientemente de que no recibirá su sueldo correspondiente al mes de junio, luego de que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) rechazara tres licencias médicas consecutivas presentadas entre marzo y la fecha.
La mujer, de 32 años, se encuentra con licencia médica desde octubre de 2024, pocos días antes de interponer su denuncia ante la Fiscalía Centro Norte por hechos ocurridos en el Hotel Panamericano, la noche del 22 y la mañana del 23 de septiembre.
Desde entonces, no ha podido regresar a sus funciones al no contar con el alta médica. Según informó La Segunda, el rechazo de las licencias fue comunicado al equipo jurídico que la representa en el ámbito laboral, el mismo que en febrero consiguió que se acogiera una medida prejudicial para preparar una eventual tutela de derechos fundamentales contra el Fisco.
Desde la Subsecretaría del Interior se argumentó que el pago de honorarios estaba impedido y en revisión desde marzo, precisamente por el rechazo de los permisos médicos.
Posible reintegro de pagos y advertencia del Gobierno
En caso de que no prosperen las apelaciones, la denunciante podría verse obligada a reintegrar los montos ya pagados durante el período cuestionado. El Gobierno ha respaldado su postura señalando que una autorización irregular podría generar observaciones por parte de la Contraloría General de la República.
Este caso ocurre en un contexto de mayor escrutinio sobre el uso de licencias médicas en el sector público, luego de revelarse que más de 25 mil funcionarios utilizaron estos permisos para viajar fuera del país, generando un fuerte cuestionamiento institucional.
Según el último informe de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), las licencias por trastornos mentales siguen siendo las más frecuentes, representando un 33,1% del total en 2024, mientras que la tasa de rechazo en esta área alcanza un 17,8%.
Abogada denuncia revictimización
La abogada de la denunciante, María Elena Santibáñez, señaló que su representada se encuentra “sumamente afectada” por la situación y que el caso está siendo revisado por abogados especializados en materia laboral. Además, lanzó duras críticas al trato recibido por parte del Estado:
“El Estado ha requerido su testimonio en nueve ocasiones, lo que va en contra de la normativa que busca evitar la revictimización”, expresó.
Próxima instancia judicial
La próxima fecha clave en la investigación será el 18 de julio, cuando la Fiscalía tiene previsto realizar una reformalización del caso. En esa instancia se presentarán los resultados del informe elaborado por el Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS) de la PDI.
- Esta noticia fue redactada utilizando los adelantos técnicos propios de este sitio web. Se acepta cualquier reproducción en otro medio, ojalá citando la fuente:www.eldiariodesantiago.cl
/psg
