El intento de traslado de 4 kilos de droga por 5 uniformados de la Fuerza Aérea tensiona los límites entre justicia militar y civil, exponiendo fisuras procesales según análisis experto.
Los 3 criterios clave para definir competencia (según abogado penalista Nelson Salas Stevens):
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Autoría militar:
Se cumple: Los detenidos son efectivos activos de la FACh ✅ -
Contexto militar (punto crítico):
Debatible: Ocurrió en avión/base militar, pero sin relación con operaciones oficiales o funciones castrenses ⚖️ -
Naturaleza de la víctima:
No se cumple: El tráfico de drogas afecta a toda la ciudadanía (civiles y militares), por lo que corresponde a justicia ordinaria ❌
Diferencias abismales entre ambos sistemas:
| Justicia Civil | Justicia Militar |
|---|---|
| Fiscalía del MP + Jueces de Garantía | Fiscal militar (abogado uniformado) |
| Audiencias públicas | Investigación secreta y escrita |
| Registros digitales | Trámites en papel, sin oralidad |
| Defensa accesible | Escasez de abogados especializados |
Problema crítico:
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Las sentencias militares solo apelan ante la Corte Marcial (2 ministros civiles + 3 representantes de FFAA).
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La opacidad del proceso y la falta de especialistas jurídicos comprometen el derecho a defensa.
Conclusión analítica:
El caso –más allá del escándalo– revela una tensión institucional estructural: mientras la FACh inicialmente reclamó competencia militar, los criterios legales expuestos por Salas Stevens indican que la naturaleza transversal del delito y la desvinculación con funciones castrenses deberían derivarlo a la justicia ordinaria. Esto expone la urgencia de delimitar con precisión los ámbitos de acción de ambas jurisdicciones para evitar vacíos de garantías procesales.
Cuando el delito afecta a la sociedad en su conjunto, como el narcotráfico, la justicia militar carece de legitimidad para investigar»: argumento central del análisis jurídico citado.
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