La investigación del Ministerio Público por el caso ProCultura continúa avanzando de manera reservada, mientras se acerca una posible formalización de imputados clave. Pese a las críticas de sectores de la oposición sobre una supuesta paralización tras la salida del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, lo cierto es que las diligencias han seguido su curso bajo la conducción del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.
Designado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, Castro ordenó nuevas instrucciones a la Policía de Investigaciones (PDI) y ha centrado su indagatoria en dos ejes principales: la responsabilidad de la cúpula de la fundación ProCultura y el convenio firmado con el Gobierno Regional de Antofagasta para limpieza y pintura de fachadas.
Durante la primera semana de julio, se retomó la toma de declaraciones con cuatro personas interrogadas entre el miércoles 2 y el jueves 3 en las oficinas de la Fiscalía Nacional.
Coordinación clave con el Consejo de Defensa del Estado
Uno de los hitos recientes fue la agenda de coordinación entre la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), cuyo Comité Penal analizará el próximo 17 de julio la ampliación de la querella interpuesta en febrero de 2024. En esa ocasión, el CDE se querelló únicamente contra María Constanza Gómez, representante legal de ProCultura, por el delito de apropiación indebida.
Ahora, el organismo busca incorporar a directivos y jefes de proyecto de la fundación, fundada en 2010 por Alberto Larraín, Ilonka Csillag y Dolores Casanova.
La reunión clave entre el CDE y el equipo investigador encabezado por Castro se realizará el miércoles 23 de julio, en la que se espera avanzar hacia las primeras formalizaciones en la causa.
Precedente en caso Democracia Viva
La coordinación entre la Fiscalía de Antofagasta y el CDE no es nueva. Ya fue esencial en la arista Democracia Viva del Caso Convenios, especialmente para formalizar a Daniel Andrade, Carlos Contreras e imputar cargos a la diputada Catalina Pérez. Las reuniones han sido lideradas por Eugenio Campos, jefe de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, quien ha fijado los criterios comunes para estas indagaciones.
Gobierno busca disolver la fundación
Además del frente penal, el CDE está preparando una demanda civil para disolver la fundación ProCultura, en respuesta a un requerimiento del Ministerio de Justicia, encabezado por Jaime Gajardo (PC).
Justicia determinó que ProCultura incurrió en graves infracciones a sus estatutos, desviando recursos a fines ajenos a su objeto fundacional. En un informe enviado al CDE, se concluye que la entidad “ha destinado sus esfuerzos y patrimonio a actividades distintas a aquellas para las cuales fue creada”, lo que justificaría la revocación de su personalidad jurídica.
Con este escenario, el gobierno busca cerrar definitivamente el capítulo de ProCultura, en medio de uno de los casos más emblemáticos de presunto mal uso de fondos públicos en el marco del Caso Convenios.
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