Este lunes, a las 15 horas, la Cámara de Diputados sesionará para votar un proyecto que busca reinstaurar la multa a los ciudadanos que no participen en elecciones, estableciendo sanciones entre $34 mil y $204 mil, pero con una excepción clave: los electores extranjeros no serán penalizados.

El debate sobre la participación de extranjeros en las elecciones presidenciales y la reinstauración de multas por no votar ha escalado esta semana, con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendiendo que la elección del presidente debe ser exclusiva de los chilenos.

El argumento del gobierno: «No hay democracia que permita esto»

Elizalde criticó que, bajo el marco actual, extranjeros con residencia temporal puedan votar en elecciones presidenciales:

«No hay ningún país del mundo que tenga una normativa de esta naturaleza, y menos con inscripción automática y obligatoriedad».

En marzo, el gobierno intentó sin éxito limitar el voto migrante solo a municipales, pero la medida fue declarada inadmisible por el Congreso, al requerir un proyecto de ley y no una simple indicación.

La urgencia de las multas: una obligatoriedad en el papel

Desde enero de 2023, la Constitución establece el voto obligatorio, pero sin multas, la norma carece de efecto. El gobierno postergó por meses fijar sanciones, mientras oficialismo y oposición calculan cómo les afectaría la participación electoral.

La fórmula en discusión: multas solo para chilenos

Este lunes, la Cámara de Diputados votará un proyecto de la diputada Joanna Pérez (Demócratas) que:

  • Establece multas entre $33.000 y $210.000 para quienes no voten.

  • Excluye a los extranjeros, una solución negociada entre oficialismo y parte de la oposición.

El gobierno ve con buenos ojos esta fórmula, pues reduce el peso del voto migrante, que según encuestas favorece más a la derecha.

El origen del proyecto y el acuerdo político

La iniciativa, presentada en 2019 por la diputada Joanna Pérez (Demócratas), fue reactivada tras un acuerdo entre oficialismo, oposición y el gobierno, con el fin de destrabar su discusión. La exclusión de los migrantes del régimen de obligatoriedad funcionó como un punto de equilibrio, especialmente por la preocupación del oficialismo ante un posible «voto de castigo» de comunidades como la venezolana en las próximas elecciones.

Tramitación y próximos pasos

Se espera que hoy el proyecto sea aprobado en general y luego derivado a la Comisión de Gobierno para revisar posibles indicaciones. Sin embargo, persisten dudas sobre su destino en el Senado, donde la oposición podría introducir cambios.

Para evitar modificaciones sustanciales, se buscó el respaldo de los senadores de Demócratas, Ximena Rincón y Matías Walker, cuyo apoyo, según fuentes, ya estaría asegurado.

Declaraciones clave

La diputada Pérez afirmó a La Tercera:

«Varios diputados han manifestado que aprobarían este proyecto. Además, hemos generado conversaciones en el Senado para que, una vez despachado, pueda ser respaldado sin alterar su forma ni fondo».

¿Por qué importa?

  • Impacto electoral: La medida busca aumentar la participación, pero excluir a los migrantres refleja una estrategia para evitar efectos no deseados en el padrón.

  • Acuerdo transversal: El consenso logrado muestra una rareza en el actual escenario político, aunque la prueba de fuego será en el Senado.

¿Cómo votan los extranjeros? Un factor clave

Según Panel Ciudadano UDD (6-7 julio):

  • Venezolanos: 32% apoya a Kast, 30% a Matthei, 9% a Kaiser, y solo 8% a Jara (PC), quien tiene un 43% de rechazo.

  • Impacto electoral: Los extranjeros representan 5% del padrón, pero en regiones como Tarapacá llegan al 15%, lo que podría ser decisivo
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