Esta mañana, el Poder Judicial emitió una declaración oficial en la que detalló la cadena de hechos que derivaron en la polémica liberación de Osmar Ferrer Ramírez, imputado por el homicidio de un empresario ocurrido el 19 de junio en Ñuñoa.
El sujeto, sindicado como presunto sicario con vínculos al crimen organizado, fue dejado en libertad el 10 de julio, luego de que el 8° Juzgado de Garantía revocara su prisión preventiva, medida que ahora está siendo investigada por eventual falsificación de resolución judicial.
A través de un comunicado oficial, el Poder Judicial explicó que:
«La presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, citó a una reunión urgente a la directora y al equipo informático de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) para recibir un informe preliminar sobre la trazabilidad de las resoluciones judiciales involucradas en este caso«.
Según la primera revisión técnica, se estableció que:
-
El 8° Juzgado de Garantía emitió el 9 de julio, a las 20:17 horas, una orden de ingreso a prisión preventiva.
-
A las 20:25 horas del mismo día, dicha orden fue dejada sin efecto para corregir un error en la identificación del imputado.
-
A las 20:28 horas, el tribunal emitió una nueva orden de ingreso con los datos correctos.
«Existen registros que el Juzgado de Garantía envió dos correos electrónicos a Gendarmería el 10 de julio a las 12:11 y 14:13 horas, informando sobre estas últimas dos resoluciones«, agrega el comunicado.
Desde el área técnica del Poder Judicial se indicó que, tras una evaluación preliminar:
«Se descarta inicialmente una vulneración de la seguridad de los sistemas informáticos del Poder Judicial«.
Asimismo, la presidenta (s) Chevesich instruyó un diagnóstico al sistema de tramitación penal con el fin de reforzar los mecanismos de control y verificación de resoluciones judiciales.
Paralelamente, se informó que el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Fernando Carreño, citó a primera hora a un pleno extraordinario para analizar el caso.
Tras esta sesión:
«El tribunal de alzada instruyó la apertura de un sumario administrativo, a cargo de un fiscal judicial, y ordenó remitir todos los antecedentes al Ministerio Público«.
/psg
