El ministro de Hacienda, Mario Marcel, expresó su preocupación respecto al proyecto de ley que busca eliminar el tope de 11 años en la indemnización por años de servicio, iniciativa que fue aprobada en general por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
En entrevista con T13 Radio, Marcel advirtió que la medida podría generar efectos contraproducentes en el mercado laboral.
«A lo mejor en lo que terminaríamos es que tendríamos aún más contratos a plazo fijo, aún más rotación laboral«, afirmó el jefe de las finanzas públicas.
El secretario de Estado señaló que en Chile cerca del 30% de los trabajadores cambia de empleo durante el año, una cifra que, según indicó, triplica las más altas registradas en países de la OCDE.
«Puede ser que una de las razones tenga que ver con el mismo régimen de indemnizaciones», agregó.
El ministro subrayó que una reforma no puede hacerse sin prever sus consecuencias:
«Cuando uno hace una reforma, no puede suponer que todo va a seguir igual y simplemente se va a aplicar el efecto de la reforma».
Finalmente, instó al Congreso a estudiar más profundamente la iniciativa:
«Creo que es un tema que ojalá los parlamentarios evalúen mucho más a fondo«, concluyó.
Marcel critica requerimiento de oficialistas ante el Tribunal Constitucional
Por otro lado, Marcel se refirió al requerimiento presentado por 42 parlamentarios oficialistas ante el Tribunal Constitucional (TC), con el objetivo de impugnar artículos del proyecto de permisos sectoriales impulsado por el propio Gobierno y recientemente despachado a ley.
«Es injustificado, porque los principales argumentos tienen que ver con la protección del derecho a un medioambiente sano, en circunstancias que este es un proyecto que no trata sobre regulaciones ambientales», sostuvo el ministro.
Marcel explicó que los aspectos ambientales se abordan en otra iniciativa, actualmente en su primer trámite constitucional, y que el proyecto cuestionado introduce mecanismos alternativos como el uso de declaraciones juradas.
«Ese es un mecanismo que en el texto del proyecto está reservado para casos donde no se pone en riesgo el bien final, que en este caso es la protección de los consumidores», puntualizó.
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