Un oscuro y complejo panorama para la seguridad nacional reveló un reciente estudio de la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja (FAAC) de Antofagasta, que estima que el crimen organizado en Chile podría recaudar hasta 4.050 millones de dólares durante 2025, cifra que equivale a cerca de un 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
La proyección forma parte del «Informe sobre el valor de los negocios criminales y utilidades de las bandas organizadas en Chile (2021-2025)», elaborado por la Fiscalía Regional de Antofagasta, que se basa en el análisis de diversas actividades ilícitas como narcotráfico, robos, extorsión, lavado de dinero, trata de personas y delitos conexos.
Según el documento, el narcotráfico continúa siendo el principal motor económico del crimen organizado, aunque se advierte una creciente diversificación de las fuentes de ingresos ilícitos. En 2021, el valor total de los negocios criminales alcanzó los US$ 8.000 millones, escalando a US$ 9.650 millones en 2024, y proyectando que superará los US$ 10.000 millones a fines de 2025.
Una amenaza creciente para el Estado
El informe también advierte sobre una evolución del fenómeno criminal: la presencia de bandas extranjeras, el uso intensivo de tecnología, y la expansión hacia nuevas formas de delito están generando un escenario cada vez más complejo para el Estado de derecho y la seguridad pública.
Ante esta situación, diversas autoridades han alzado la voz:
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El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), sostuvo que «estamos hablando de miles de millones de dólares que mueve el narcotráfico y el crimen organizado», y llamó al Presidente a convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena). «Esto debe abordarse de forma conjunta, con nuevas leyes, más atribuciones para Contraloría, Fiscalía, Aduanas, e implementando urgentemente la Agencia de Inteligencia», enfatizó.
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El diputado Sebastián Videla (IND-PR) calificó los resultados como «gravísimos»: «El crimen organizado ya opera como una industria en Chile. Se requiere una respuesta urgente del Estado, con más inteligencia, control fronterizo efectivo y una Fiscalía supraterritorial con reales capacidades de acción». Añadió además que «el norte del país enfrenta esta amenaza prácticamente solo».
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El senador Pedro Araya (IND-PPD) indicó que el informe reafirma que el crimen organizado se ha transformado en una industria ilícita altamente lucrativa: «Ya no se trata de simples robos, sino de delitos más violentos como la trata, extorsión, tráfico a gran escala y lavado de activos». Además, abogó por levantar el secreto bancario y modernizar tecnológicamente tanto a la Fiscalía como a las policías, considerando también el uso de criptomonedas por parte de estas organizaciones.
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Por su parte, el senador Esteban Velásquez (FRVS) fue enfático en señalar que la lucha contra el crimen debe darse con la mayor fuerza posible: «Debe incorporarse desde el mundo político hasta las Fuerzas Armadas. No se puede combatir este fenómeno con frases grandilocuentes, sino con medidas que realmente disuadan a quienes buscan corromper al Estado».
Llamado a la acción estatal
La gravedad del informe ha despertado alarma entre las autoridades, quienes coinciden en que el crimen organizado ya no es un fenómeno marginal, sino una industria ilícita de gran escala, con capacidad de corromper instituciones, desafiar al Estado y desestabilizar regiones enteras del país.
El llamado común es claro: acciones urgentes, coordinadas y transversales para frenar el crecimiento de estas organizaciones y proteger la seguridad pública y la integridad institucional del país.
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