Un nuevo capítulo se sumó al debate político sobre la relación entre autoridades públicas y consumo de drogas. Este martes, como cuarto punto de la tabla legislativa, debía discutirse el proyecto de ley que obliga a candidatos y autoridades a someterse a test de detección de sustancias, iniciativa que finalmente no alcanzó a votarse en la sesión.
La propuesta nace de la fusión de mociones impulsadas por las diputadas Paula Labra (RN), Yovana Ahumada (PSC) y Pamela Jiles (independiente). Según argumentaron, se trata de una respuesta directa a lo que consideran una resistencia del Ejecutivo a avanzar en medidas reales contra el narcotráfico, especialmente en la prevención de su infiltración en los niveles más altos del poder.
“No podrá ser Presidente de la República el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico”, establece una de las disposiciones del texto fusionado.
La iniciativa obliga, además, a que los candidatos presidenciales presenten una declaración jurada y un examen médico que acredite no estar afectos a esa causal de inhabilidad. La muestra deberá ser de cabello, practicada en un laboratorio autorizado por el Ministerio de Salud, cumpliendo estándares internacionales. El examen deberá repetirse al menos una vez al año, y los resultados serán públicos y estarán disponibles en los sitios institucionales respectivos.
Ampliación a otros cargos públicos
El proyecto también contempla esta exigencia para candidatos al Congreso, cargos regionales y municipales, así como para ministros de Estado. En este último caso, la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado ya exige una declaración jurada, pero esta moción agrega la obligación de realizar periódicamente un test capilar, lo que ha generado dudas de constitucionalidad.
Algunos parlamentarios advirtieron que esta regulación podría ser inconstitucional, dado que implicaría establecer requisitos de elegibilidad que deben ser tratados en la Carta Fundamental, y además, generarían gasto fiscal, lo que solo puede ser propuesto por el Ejecutivo.
Una ofensiva persistente de la oposición
Esta no es la primera vez que desde la oposición se intenta avanzar en este tipo de controles. En 2021, durante la discusión de la Ley de Presupuestos de 2022, se introdujo un cambio reglamentario para obligar a los diputados a realizarse un test de drogas. El año pasado, la estrategia fue replicada en la partida presupuestaria de la Presidencia de la República.
En ese momento, aunque La Moneda hizo reserva de constitucionalidad, finalmente no impugnó la norma, permitiendo que el Presidente y sus ministros se sometieran a un test de orina, método menos invasivo y con menor capacidad de detectar consumo de largo plazo.
Esta decisión fue duramente criticada por la oposición. El diputado Juan Antonio Coloma (UDI), autor de la glosa que obligó al Ejecutivo a someterse al test, calificó la medida como “una burla”:
“El gobierno convirtió este proceso en una simulación. Optaron por un test de orina y declararon confidenciales los resultados. Si eso no es un tongo, no sabemos cómo llamarlo”, sostuvo.
Polémica en sala: Jiles acusa riesgo de tener un Presidente drogadicto
Durante la sesión, la diputada Pamela Jiles defendió con fuerza la moción, argumentando que se necesita garantizar que las autoridades estén libres de cualquier dependencia que las vuelva vulnerables ante el narcotráfico.
“Si tenemos un Presidente drogadicto, si eventualmente sucediera eso, sería imposible que encabezara la lucha contra el narcotráfico. Lo mismo aplica a todas las autoridades públicas”, afirmó en sala, provocando aplausos de la bancada de derecha.
Consultada por si compartía las sospechas, la diputada Paula Labra (RN) fue más cauta:
“No tengo evidencia de eso”, aclaró, pero emplazó al Ejecutivo a dar señales claras de transparencia.
“El que nada hace nada teme. Tendría todo el sentido que el Presidente dé señales de coherencia con la lucha contra el narcotráfico. Le pone urgencia a proyectos como el Día Nacional del Pajarete, pero no a esto”, ironizó.
Debate constitucional y futuro del proyecto
Por ahora, el proyecto no ha sido priorizado por el Ejecutivo y no cuenta con urgencia legislativa, lo que podría dilatar su discusión. La complejidad jurídica que implican sus disposiciones, y la eventual necesidad de reformas constitucionales, serán factores clave para definir su destino.
A pesar de ello, desde la oposición anunciaron que seguirán impulsando este tipo de mecanismos, con el argumento de que la transparencia en el combate al narcotráfico debe comenzar por las más altas autoridades del Estado.
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