Un informe de Gendarmería de Chile reveló que al 30 de junio de 2025, la población penal del país alcanzó un peak de 61.000 personas privadas de libertad, una cifra que supera con creces las proyecciones oficiales y que aumenta mes a mes, según advierten las autoridades penitenciarias.
Del total de internos, el 34,9% corresponde a personas en prisión preventiva, es decir, imputados que aún no reciben condena, mientras que el 65,1% ya cumple condena por delitos establecidos. Esta tendencia representa un punto de inflexión en la capacidad del sistema penitenciario chileno.
Colapso del sistema carcelario: 42 mil plazas para 61 mil internos
El crecimiento de la población penal ha sobrepasado el límite de plazas disponibles, que actualmente se sitúa en 42 mil, generando un grave problema de hacinamiento en los recintos penitenciarios. Esta situación ha sido reconocida por el actual ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien en septiembre de 2024, mientras ocupaba la cartera de Justicia, advirtió:
“Estamos en una situación crítica para un número de plazas de 42 mil. Proyectábamos 58 mil presos hacia 2026, y ya hemos superado ese número”, afirmó en entrevista con La Segunda.
El desfase entre la proyección oficial y la realidad actual genera preocupación tanto a nivel político como técnico, y ha reabierto el debate sobre la necesidad urgente de políticas carcelarias integrales y expansión de infraestructura penitenciaria.
Expertos alertan sobre colapso al 2030
Francisco Alcorta, investigador del centro Libertad y Desarrollo, advierte que de mantenerse el actual ritmo de crecimiento de la población penal, Chile podría enfrentar un escenario aún más alarmante:
“De seguir este crecimiento acelerado y sin una política de desarrollo de infraestructura, podríamos llegar a niveles críticos cercanos al 200% de hacinamiento hacia 2030”, señaló.
Este diagnóstico pone en entredicho la capacidad del Estado para contener el aumento de personas privadas de libertad sin comprometer los derechos humanos ni el orden institucional al interior de las cárceles.
Crimen organizado y población extranjera: nuevos riesgos penitenciarios
El aumento de la población penal extranjera también es parte del fenómeno que complejiza la situación. Según Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, este cambio demográfico carcelario está generando nuevos focos de conflicto dentro y fuera de los recintos penitenciarios:
“El aumento de la población penal extranjera en cárceles chilenas ha generado diversos fenómenos delictuales intra y extrapenitenciarios, sumando nuevos riesgos vinculados al crimen organizado transnacional y a la complejización de la administración penitenciaria”, explicó.
Castillo advierte que este tipo de riesgos requieren una respuesta institucional coordinada y especializada, dado que los grupos criminales transnacionales tienen altos niveles de organización y una creciente influencia territorial y logística dentro de las cárceles chilenas.
Un desafío estructural sin respuesta suficiente
La crisis carcelaria actual revela la fragilidad estructural del sistema penitenciario chileno ante fenómenos sociales, migratorios y delictivos que se han intensificado en los últimos años. A pesar de que el Gobierno ha anunciado medidas puntuales, expertos coinciden en que se requiere una estrategia integral de largo plazo, que combine:
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Inversión en infraestructura penitenciaria
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Reforma a las leyes de prisión preventiva
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Políticas de reinserción laboral y social
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Mecanismos de contención del crimen organizado
La falta de acción estructural, señalan, podría llevar a Chile a una crisis penitenciaria sin precedentes, con graves implicancias para la seguridad pública, la justicia penal y los derechos humanos.
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