Para los apoderados del Instituto Nacional (IN), recibir correos electrónicos que anuncian suspensiones de clases o despachos anticipados de estudiantes se ha vuelto una rutina. Durante el primer semestre de este año, como ya ha ocurrido en periodos anteriores, estos eventos interrumpieron sistemáticamente el calendario académico.
El año escolar en el IN —al igual que en otros recintos municipales de Santiago bajo la administración de Mario Desbordes (RN)— no comenzó a la par del resto del país debido a un paro docente originado por diferencias en el pago de bonos. A esta situación se suma la persistencia de episodios violentos protagonizados por grupos de encapuchados, que, aunque reducidos en número, siguen generando interrupciones en el funcionamiento del establecimiento.
A pesar de existir mecanismos para recuperar las clases perdidas, la comunidad educativa del Instituto se ha resignado a un año escolar marcado por la inestabilidad. Entre paros y disturbios, el primer semestre acumuló 23 jornadas escolares afectadas, lo que representa un 32,3% del total de días hábiles (71), considerando el calendario entre el 5 de marzo y el 17 de junio, con tres feriados y un interferiado.
El paro inicial se extendió desde el miércoles 5 hasta el lunes 10 de marzo, con clases regulares recién retomadas el martes 11. “El inicio de clases por calendario escolar en el Instituto Nacional se desarrollará mañana 5 de marzo con la ausencia del cuerpo docente, lo que dificulta brindar clases a los estudiantes”, señalaba un correo enviado a los apoderados.
El jueves 20 de marzo se registró la primera salida de encapuchados, la primera de diez durante el semestre, según datos del municipio. “Hoy, siendo las 09:10 horas, un grupo de estudiantes salieron encapuchados hacia el portón de calle Prat, portaban bencina en un bidón (…) se determina el despacho de la jornada a las 11:00 horas”, informó un comunicado enviado ese mismo día. Aunque la jornada de la tarde continuó, estos incidentes se repitieron con frecuencia.
Hechos similares ocurrieron los días 26 y 31 de marzo; 2, 9 y 29 de abril. Sobre el incidente del 26 de marzo, la rectora Carolina Vega escribió: “Hoy después de un incidente violento entre estudiantes y carabineros, tuvimos que proceder a despachar a la jornada de mañana, porque las vidas de todos los que estaban por calle Arturo Prat estaban en riesgo”.
El 11 de abril se modificaron horarios debido a un “banderazo” por el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo. Aunque el partido fue suspendido tras la muerte de hinchas en el Estadio Monumental, la actividad se mantuvo, con críticas al actuar policial.
Entre el 5 y el 9 de mayo, la Asociación de Asistentes de la Educación de Santiago (AFESA) se movilizó por mejoras laborales, alterando el funcionamiento matutino del Instituto. Aunque en la tarde se retomaron actividades, no hubo talleres, preuniversitario ni atención a apoderados.
El 15 de mayo se sumó un paro nacional docente y, al día siguiente, una nueva intervención violenta interrumpió las clases. “Se produjeron intentos incendiarios contra diversas instalaciones, entre ellas la Enfermería, situación que no prosperó”, detalló un nuevo comunicado.
Finalmente, otro paro nacional docente los días 4 y 5 de junio obligó a cerrar anticipadamente ambas jornadas, interrumpiendo todas las actividades extracurriculares.
Pilar Sazo, directora de Educación Municipal (DEM) de Santiago, advierte: “Si existe una situación que ha generado mayor impacto en la pérdida de clases es la violencia. Desde marzo a la fecha, el establecimiento ha tenido más de una docena de episodios de violencia, únicamente en la jornada de la mañana”. Esto ha afectado a 1.776 alumnos de 48 cursos. “El impacto negativo (…) es inmenso. Desde la DEM hemos instruido con carácter urgente y obligatorio la implementación de los planes de recuperación de clases”, agregó.
Sazo cierra con una advertencia directa: “Hay una captura de la comunidad escolar por parte de un grupo minoritario, una forma de violencia política que se ejerce por encapuchados y con bombas molotov (…) estamos trabajando en coordinación con policías y fiscalías para identificar a los involucrados y a quienes los respaldan”.
Por su parte, María Teresa Romero, directora de Escuelas Abiertas, sostiene que el problema radica también en la falta de autonomía de los directivos: “La rectora hoy no tiene ninguna autoridad para prevenir situaciones como estas, enfrentarlas y sancionarlas de manera drástica. El Estado le ha quitado libertad y autonomía a los directivos (…) esto ha afectado a la gran mayoría de estudiantes que lo único que quieren es poder aprender y tener clases normales todos los días”.
/gap
